El juez le había negado el arresto domiciliario el pasado 12 de septiembre con el argumento existía “duda” para acreditar el arraigo. En esa ocasión Gálvez le dijo: “El problema es cómo se puede definir el arraigo si es ciudadano español. Puede irse a cualquier embajada de Centroamérica y pedir un pasaporte nuevo y salir del país”.
Siete meses y 21 días después Gálvez cambió de parecer. Valoró que el español entregó su pasaporte en la judicatura en donde se oficiará un documento para que eviten emitir un pasaporte nuevo.
“Considero que lo prudente es decretar medida sustitutiva”, resolvió hoy Gálvez cuando le fijó la fianza. El ciudadano español fue detenido el 15 de abril del 2016 y estaba procesado por asociación ilícita y cohecho activo.
Fue enlace
La investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) estableció que de enero del 2012 y hasta abril del 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ destinado a ceder a esa sociedad parte del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
Suárez era el enlace de la filial Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) que “negoció” con el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti el pago de US$30 millones para obtener el usufructo durante 25 años de un área del Puerto Quetzal para operaciones privadas.
La investigación que fue planteada en la judicatura señaló a Suárez de haber negociado con funcionarios y sindicalistas el usufructo. En este caso declaró como colaborador Juan Carlos Monzón Rojas, quien fue secretario privado de Baldetti.
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