Al recorrer el país, nos damos cuenta del pésimo estado de las carreteras. Y no hay que transitar mucho, los vehículos en cualquier ciudad de Guatemala muestran desperfectos cada vez más acelerados por la mala calidad de nuestra infraestructura vial. Los costos logísticos son cada vez más altos, debido a que no existe suficiente inversión respecto al parque vehicular que tenemos. La velocidad a la que la carga se mueve en las principales carreteras ha caído de 57 kilómetros por hora en el 2000 a 37 kilómetros por hora. Es más, si vemos que somos uno de los países con la menor cantidad de metros de infraestructura vial por habitante —únicamente un metro—, comprendemos la urgencia de este tema.

La formación bruta de capital en Guatemala está cayendo a un ritmo acelerado. El 2017 cerró con una inversión de
12 % sobre el PIB del cual únicamente 1 % es público, la tasa más baja de América Latina, por lo cual somos el país peor evaluado de la región en el índice de conectividad. Cada invierno, no solo tenemos más carreteras y caminos rurales que se siguen destruyendo, sino el ritmo de inversión en kilómetros nuevos es muy bajo.

Por eso es tan importante que el Congreso de la República apruebe la iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial. Generaría un marco jurídico que ayudaría a fortalecer la capacidad del Estado de invertir en más carreteras y caminos rurales. Con este nuevo modelo se ha proyectado que en los próximos 20 años nuestro país podría construir 29,095.55 kilómetros adicionales —casi 6 mil kilómetros por cada uno de los siguientes cinco gobiernos—. Pasando de 215 km por año —el ritmo de crecimiento anual que llevamos desde 1995 a la fecha— a ser capaces de construir 1,455 km por año. El impacto se estima en una mejora del PIB per cápita entre 18 % y el 23 % en un período de cuatro años, con la creación de alrededor de 45 mil empleos por año. Esto implica incrementar el PIB per cápita en alrededor US$1 mil por persona, y una generación de 900 mil empleos en 20 años.

Si genera tanto beneficio para el país, ¿habrá gente que se oponga? Efectivamente. Están aquellos que viven del status quo y prefieren que este sistema que fomenta la corrupción continúe. A ellos los vamos a ver con consignas de que se está privatizando la red vial o que se quiere despedir a las personas, lo cual es totalmente falso. No solo el artículo 11 de la iniciativa prohíbe los peajes en todas las carreteras existentes, sino además es imposible hablar de privatización, cuando la propia Constitución establece que las carreteras son bienes públicos de uso común y la ley genera un destino específico a los fondos para fortalecer las instituciones del Estado.

Luego están aquellos que viven de este sistema, porque saben que en el caos y la corrupción que tenemos siempre hay espacio para contratos de cartón y plazas fantasmas, además de que la propia ley existente facilita la transferencia de impuestos que deberían estar destinados a infraestructura, sean invertidos en muchas otras cosas sin ningún control específico o a través de favores políticos como lo que vemos en el famoso listado geográfico de obras.

Por eso, aunque existan personajes que responden a intereses oscuros que se oponen a la aprobación de la ley, claramente el Congreso está en una posición para hacer lo correcto y cambiar el rumbo del país. Se necesitan 80 diputados estadistas para transformar el modelo de inversión en infraestructura vial en Guatemala. De lo contrario la propia lluvia seguirá destruyendo las pocas carreteras que tenemos.