Como expuse en la columna anterior, en Guatemala el sistema de (in)justicia hace pocos esfuerzos por investigar, procesar, juzgar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población, mayoritariamente maya, durante el conflicto armado interno. La denegación de la justicia a las y los sobrevivientes Maya Ixil, es un ejemplo emblemático. A través del litigio malicioso y retrasos injustificados se ha entrampado el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos y la búsqueda de justicia.

Los abogados de Ríos Montt y su hija Zury Ríos Sosa han pretendido y pretenden detener el reinicio del juicio contra el general retirado, porque han contado con la complicidad de jueces o juezas cómplices de la impunidad.

Sin embargo, cuando las y los sobrevivientes y familiares de las víctimas reclaman justicia por las graves violaciones a sus derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, la respuesta de los abogados defensores de Ríos Montt y los sectores conservadores ha sido la justificación de tales atrocidades con el argumento de que las víctimas se lo merecían por subversivas y comunistas. Sea cierto o no, bajo este supuesto se violaron los derechos humanos.

Por ello resulta contradictorio que ahora los abogados del victimario José Efraín Ríos Montt hayan invocado los derechos humanos para evitar que vaya a juicio y rinda cuentas ante los tribunales de justicia por los innumerables y espantosos crímenes cometidos durante su gobierno. Es absurdo que el dictador golpista y sus defensores se amparen en los derechos humanos para evadir la justicia. A eso se le llama doble moral.

Con la sangrienta Política de Tierra Arrasada que implantó, condenó a una muerte violenta a mujeres y hombres de avanzada edad, a los bebés que estaban en gestación, mujeres embarazadas, niñas y niños, porque fueron considerados “enemigos internos”. En la ciudad capital, estableció los Tribunales de Fuero Especial, en donde negó el derecho de contar con abogados defensores, por tanto nada de juicios justos. Lo mismo pasó con las comunidades masacradas.

En el caso del holocausto judío, el Estado israelí investiga a los criminales nazis sin importar edad. En este sentido, Efraim Zuroff señala que: la edad no debería de proteger a los asesinos. Llegar a 85 o 90 años no convierte a un genocida en una persona justa y gentil (sic).

En Guatemala, quienes se oponen al juzgamiento de los altos responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, interpretan la búsqueda de justicia como un acto de venganza que “divide a Guatemala”.

Nada que ver, cuando uno lee y escucha los testimonios de las y los sobrevivientes Maya Ixil. Al respecto una de las sobrevivientes dice: “Yo no quiero vivir nuevamente la guerra. Ya no quiero ver más la guerra con mis hijos. (…) y lo que digo es que se detenga, que ya no haya más guerra y muertos…”.

Este testimonio expresa claramente que la lucha es por la justicia y la verdad. Por una Guatemala con justicia y paz social, donde nunca más se vuelva a repetir la barbarie.