El exfuncionario queda con arraigo, obligación de firmar un libro de asistencia del Ministerio Público cada 15 días y la prohibición de acercarse al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil, así como de comunicarse con los demás procesados. La jueza le fijó la fianza de Q1 millón para salir de la cárcel.
Mientras tanto, el proceso sigue por el delito de tortura.
La Cámara de Industria de Guatemala expresó su satisfacción por lo resuelto por Domínguez.
“Aunque tardía, es una muestra de que siempre ha existido la mejor voluntad de aclarar los hechos de un tema que ya fue juzgado, sin riesgo de fuga ni peligro de obstaculización de la justicia”, afirma un comunicado.
“Hacemos un llamado -agrega- a las autoridades del sistema de justicia a hacer un uso correcto de la prisión preventiva y a no abusar de la misma, como se ha realizado durante los últimos años, según lo ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Seis meses en prisión
El exfuncionario estuvo en la prisión de la base militar Mariscal Zavala durante seis meses y siete días debido al avance de una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por el asesinato de dos reos y un hondureño, y la tortura de cuatro reos en 2005.
La audiencia de revisión de medidas de coerción estaba estancada debido a que Vielmann había impugnado de Domínguez de dejarlo en prisión preventiva cuando fue detenido el 29 de octubre de 2018.
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La investigación establece ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por una estructura criminal paralela que operaba desde el Ministerio de Gobernación durante el período del 2004 a 2007.
El nombre del caso recuerda 2005 cuando se fugaron 19 reos de la cárcel de máxima seguridad “El Infiernito”, en Escuintla. Las autoridades de Gobernación pusieron en marcha el Plan Gavilán para recapturar a los prófugos.
Según el MP y la Cicig, la estructura criminal utilizó la infraestructura y recursos del Estado para ubicar a los fugados.
“La jueza resolvió conforme a Derecho. La fianza es alta, pero vamos a hacer el esfuerzo de ponerla lo antes posible y cumplir con todas las restricciones que la señora jueza otorgó”, dijo Vielmann en la sala de audiencias.
En cuanto a la audiencia de etapa intermedia Vielmann mencionó que “no ha sido un proceso fácil”.
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Las muertes investigadas
Según el MP y la Cicig, grupos armados ilegales de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron a los reos que habían sido recapturados. La investigación revela el asesinato de los reos Hugo Humberto Ruiz Fuentes, el 14 de noviembre del 2005; Douglas Sadiel Arauz Palacios, el 20 de diciembre del 2005, y Adonis Asael Murillo, el 20 de diciembre del 2005.
En ese sentido, los expolicías y exjefes policiales arrestados, Stu Velásco Crispín, Axel Arnoldo Martínez Arreaza, Víctor Manuel Ruiz González y Francisco Guarcaz de Paz fueron ligados por ejecución extrajudicial.
Torturas
Algunos de los que no fueron ejecutados fueron víctimas de torturas, según la acusación. Estos fueron Marco Tulio López y López y Luis Humberto Arana Sarceño, ambos el 23 de octubre 2005; Julio Oswaldo García Palacios, el 19 de noviembre de 2006; e Isaías López Castillo 25 de octubre de 2005.
Por este caso continúa prófugo el exviceministro de Gobernación, Kamilo José Rivera Gálvez, nombrado en enero de 2018 como responsable del área de seguridad. Rivera es señalado de cometer ejecuciones extrajudiciales cuando servía como miembro del Comando Antisecuestros de la PNC en el año 2005. Hasta ahora no ha sido detenido ni se ha presentado al juzgado.
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