Ese día, el ministro de Finanzas, Manuel Maza Castellanos, negó que se incrementaría el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 12%, e informó que el Ejecutivo habría hecho la propuesta fiscal de eliminar privilegios y modificar las tasa de otros tributos, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En el paquete fiscal se propuso restituir el cobro del Impuesto al Consumo de Bebidas Alcohólicas detalladas, cervezas y otros.
Además, elevar a Q110 el valor mínimo del pago del Impuesto Sobre Circulación de vehículos terrestres, aéreos y marítimos; incrementar a US$30 el impuesto de salida del país por vía aérea, entre otros impuestos.
Los diputados del Partido de Avanzada Nacional se presentaron al Legislativo vestidos de luto por estar en desacuerdo con la aprobación del paquete de reformas fiscales que envió el Ejecutivo para su discusión, el 28 de junio de 2000.
El diputado Alberto Loukota, vestido de negro dijo: “Hoy estamos de luto porque se empieza a matar la productividad del país”, mientras Leonel Lopez Rodas rechazaba la creación de más impuestos y abogaba por una mejor recaudación.
Los diputados del FRG y ANN hicieron caso omiso a la solicitud del sector empresarial.
El 29 de junio es aprobado el paquete fiscal, por lo que los guatemaltecos tuvieron que pagar nuevos impuestos, luego de una maratónica sesión que culminó casi a la medianoche.
1 de agosto de 2000
La ley sale publicada en el Diario Oficial con una tabla impositiva diferente a la aprobada por el pleno, por lo cual se inicia una investigación.
3 y 4 de agosto de 2000
Los diputados de las bancadas Unionista y del Partido de Avanzada Nacional acudieron al Ministerio Público a interponer una demanda en contra de los diputados que habrían alterado la ley, el presidente de la Repúbilca y el secretario general de la Presidencia.
9 de agosto de 2000
Prensa Libre hace pública la grabación de la sesión que las periodistas grabaron el 27 de junio 2000, lo cual puso en evidencia que sí hubo alteración de dicha ley, por lo cual el fiscal asignado acudió al Congreso con el fin de recabar información y así poder inicial la investigación del escándalo Guategate que habrían solicitado ese mismo día aproximadamente 30 diputados del Frente Repúblicano Guatemalteca FRG, para cambiar el decreto 43-2000.
Hubo delito, y deben pagar
La aparición de una grabación de la sesión confirma que no hubo revisión, por lo que interpusieron una demanda contra los diputados que se prestaron al juego de firmarlo en forma extemporánea, lo que supone una falsificación de documentos.
Los sindicados fueron los legisladores Zulma Friné Paz, Carlos Wholers Monroy, Juan Santa Cruz, Jorge Arévalo Valdez, Jorge Ríos Castillo, Miguel Stuardo Domínguez, Juan Luis González, Santos Urbano Franco, Mario Rivera, Carlos Cajera Sagastume, Mario Ríos Muñoz, Gustavo Ernesto Lang, Luis Alberto Franco, Carlos Mauricio Valladares, Héctor Iván Santisteban, Pablo Ramos y René Yaquián.
Qué ocurrió el 2 de agosto
Trabajadores del Congreso informaron que a primeras horas de ese día miembros del Legislativo alteraron el orden del día de la sesión del organismo. Esto fue para incluir en el mismo el “fondo de revisión”, que modificó la “Ley del Impuesto sobre la Distribución de Bebidas Alcohólicas”.
18 de Agosto 2000
El tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso Luis Rosales, aseguró que la cinta y el vídeo de la sesión plenaria del 27 de junio fueron borradas y las libretas donde anotan las taquígrafas fueron tiradas a la basura.
Informó que en su defecto entregaron la versión taquigráfica transcrita en computadora, el diario de sesiones y el acta de la sesión anterior; “básicamente, todo lo que nos está pidiendo el Ministerio Público, menos las cintas”.
Ramón de Jesús Sáenz, fiscal especial a cargo de la investigación, hizo cinco requerimientos al Congreso como parte de la investigación a raíz de las demandas interpuestas por la bancada Unionista y Partido de Avanzada Nacional, PAN.
Entre los requerimientos se encontraba la cinta de audio y el videocasete donde fue grabada la sesión del 27 de junio, en la que se aprobó la Ley del Impuesto a la Distribución de Bebidas Alcohólicas y las libretas donde las taquígrafas tomaron notas de la sesión.
23 de agosto 2000
Myriam Larra y Jennifer Paredes, reporteras de Prensa Libre, acuden al Ministerio Público y hacen entrega al fiscal Ramón de Jesús Sáenz de la cinta magnetofónica del la sesión plenaria del 27 de agosto 2000, donde se aprobó la ley del impuesto de bebidas alcohólicas.
30 de agosto 2000
El juez pesquisidor Eleár López Rodríguez acude al Congreso de la República para recabar pruebas contra los diputados del FRG involucrados. José Efraín Ríos Montt recibe en su despacho al juez Augusto López, y luego el juez llega al palco de Prensa para observar el lugar.
Luego se reunió con las taquígrafas a quienes les preguntó sobre su trabajo, y por último llegó al estudio de grabación, donde tendrían que estar las cintas del 27 de julio.
El 1 de septiembre de 2000
La cinta magnetofónica grabada por Prensa Libre, que demuestra que habría sido alterada la ley de la distribución de bebidas alcohólicas, llega a la Corte Suprema de Justicia.
José Efraín Ríos Montt, entonces presidente del Congreso de la República, es señalado por diputados de la oposición de ser el responsable, aunque no presidió la sesión del 27 de agosto. Según fuentes legislativas, Ríos Montt estaba enterado del cambio que iba a afectar la ley que grava la distribución de bebidas alcohólicas, lo cual avaló con su firma.
A petición del vicepresidente, Francisco Reyes López, con el fin de no afectar las negociaciones que se llevaban a cabo en el foro del Pacto Fiscal, regresó al Congreso, donde fue modificada por un fondo de revisión que nunca existió, dijo una diputada que omitió su nombre.
Para la oposición, ya sea por ignorancia, desconocimiento legal o mala fe, Ríos Montt avaló con su firma el decreto 43-2000, por lo cual había incurrido en falsedad material e ideológica.
8 de septiembre 2000
El general retirado y presidente del Congreso de la República afirmó que los cambios a la ley que grava la distribución de bebidas alcohólicas se hizo de forma legal a través de un fondo de revisión y que el monto de los impuestos a las bebidas fue modificado en el pleno, tal y como la manda la ley.
4 de octubre 2000
Grupos de campesinos fueron trasladados en buses a la capital para mostrar su apoyo a Ríos Montt, quien estaba involucrado en el caso Guategate.
El grupo de eferregistas, con canciones de mariachis expresaron el apoyo al general retirado, mientras otro grupo de representantes de organizaciones pro Derechos Humanos se apostaron en las afueras del Congreso para exigir la depuración del Legislativo.
25 de abril 2001
El juzgado Tercero de Primera Instancia dicta libertad a Ríos Montt, quien se presento a declarar por la alteración de la Ley de distribución de bebidas alcohólicas. La fiscalía no pidió nada contra el sindicado pues careció de elementos para acusarlo.
“Debemos estar todos felices de que se llevó a cabo un proceso legítimo”, dijo Ríos Montt. Además, expresó que “los medios se emocionan, y quieren que todo el mundo sea víctima o héroe”.
Rios Montt reiteraba que quedaba fuera del proceso porque no existía mérito, y que se sentía libre. Luego, al llegar al Congreso dijo: “Nunca he dejado de ser presidente del Legislativo y hoy vuelvo a dirigir las sesiones”.
26 de octubre 2001
El Ministerio Publico MP solicita al Juzgado Tercero de Primera Instancia archivar el proceso contra los 22 diputados de la banca del Frente Republicano Guatemalteco, luego de haber sido sindicados del delito de alteración de la Ley de bebidas alcohólicas, porque durante la investigación no se logró encontrar pruebas.
Escándalos y denuncias de corrupción sacuden al Congreso. (Video: tomado de Youtube)
