Transitamos por uno de los años electorales más desastrosos de la historia guatemalteca. Un gran porcentaje de ciudadanas y ciudadanos no queremos elecciones porque nos negamos a respaldar a que lleguen a la presidencia, vicepresidencia, al Congreso y a las municipalidades personas sin ética e incapaces de dirigir los destinos de este país necesitado de justicia democrática.

En el informe: El financiamiento de la política en Guatemala, la Cicig expone claramente que la posibilidad de ser electas o electos no depende exclusivamente de las preferencias de la población, sino de la cantidad de recursos que las candidatas o los candidatos y los partidos puedan disponer en una elección. Tan solo el informe que presentó la Cicig pone de manifiesto que no hay condiciones para que se realicen elecciones transparentes y democráticas, porque el sistema de partidos políticos en Guatemala está corrompido.

Si los partidos políticos y sus financistas han convertido los procesos electorales en herramientas espurias para llegar al poder y utilizar las instituciones del Estado para enriquecerse ilícitamente, ¿qué sentido tiene votar en estas elecciones?, la mayoría de partidos políticos han vulnerado la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Constitución.

A cuatro meses de haber tomado las calles para expresar nuestro descontento ante la ola de corrupción y latrocinio en las entrañas del Estado, ninguna de nuestras demandas ha sido atendida, el Congreso se niega a aprobar la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; Otto Pérez Molina sigue atrincherado en el poder con semejante descaro a pesar de que no hemos dejado de exigir su renuncia y que sea investigado; La Línea y demás mafias desarticuladas han quedado estancadas judicialmente. Lo mismo pasa con las leyes de contrataciones del Estado, de servicio civil y de carrera judicial.

Volviendo al tema electoral, se percibe en el ambiente frustración, porque el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho nada para aplazar las elecciones tal como hemos demandado. Ante tal situación cabe reflexionar si por cumplir con formalismos legales, el TSE es un ente más que legitima y avala el sistema político nefasto, conduciendo a la ciudadanía a asistir a las urnas para condenar a una mayor tragedia el futuro de nuestro país.

Recientemente el TSE sancionó al partido Líder porque ha sobrepasado el techo de campaña electoral, se le prohibió realizar cualquier actividad proselitista, pero este partido ha hecho caso omiso a tal prohibición. Por ejemplo, el lunes 10 de agosto, ese partido realizaba proselitismo electoral en comunidades ubicadas a la orilla de la carretera que conduce de Chichicastenango a Santa Cruz del Quiché.

Insistir en que el 6 de septiembre se realicen las elecciones es un gran desacierto. También muestra que en Guatemala hace falta un Tribunal Supremo Electoral con autonomía, que tenga el coraje y la fuerza para atender las demandas ciudadanas; que cumpla sin titubeos la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como la Constitución.

En esta incertidumbre, ¿ir a las urnas aportamos al cambio ansiado o seguiremos legitimando este sistema putrefacto?