La justicia brasileña ha abierto investigaciones contra unos cincuenta políticos y otros tantos empresarios sospechosos de sobrevalorar contratos entre constructoras y la petrolera y desviar los recursos para beneficios de políticos.
Este asunto ha salpicado al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, en sus niveles más bajos de popularidad e inmersa en protestas multitudinarias, como las convocadas el pasado domingo en más de 200 ciudades del país, con unos 900,000 participantes.
TI cita como ejemplo el caso de Venezuela y señala que cuatro de las empresas investigadas en Brasil recibieron más de 30 contratos gubernamentales en el país en los últimos años, lo que, según las investigaciones de la organización, apunta a una contabilidad opaca y una posible injerencia política.
Las secciones nacionales de esta ONG -fundada en Berlín y con sede en la capital alemana- en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela han requerido información a sus respectivos gobiernos acerca de contratos otorgados a esas empresas.
El ámbito a investigar va desde sistema de transporte a infraestructuras de servicios básicos, prosigue la organización, que hace hincapié en el “derecho del ciudadano” a conocer el desarrollo de estas obras.
TI argumenta, asimismo, que el escándalo en torno a Petrobras es de los mayores registrados hasta ahora en la región, tanto por las sumas involucradas en el caso como por el descrédito hacia el sector político que ha causado en la sociedad brasileña.
La investigación se basa en una simple reclamación de “rendición de cuentas” , apunta el director regional para las Américas de la organización, Alejandro Salas, quien recuerda que los siete países mencionados han ratificado la Convención de la ONU contra la Corrupción.
