El documento restringe seis artículos de la Constitución, lo que habilita a las autoridades a realizar allanamientos e interferir comunicaciones privadas sin orden de un juez.
El estado de excepción en cinco municipios del estado de Táchira fue anunciado el pasado viernes por el presidente Nicolás Maduro, dos días después de un ataque a balazos de desconocidos que hirió a tres militares y un civil venezolanos que realizaban una operación contra el contrabando.
Maduro también ordenó el cierre indefinido de la frontera en ese sector, prolongando una clausura inicial de 72 horas que debía concluir este domingo.
El estado de excepción prohíbe igualmente “reuniones públicas que no hubieren sido previamente autorizadas” por el responsable de ejecutar el decreto, quien además tiene la potestad de autorizar manifestaciones.
La ordenanza justifica las medidas señalando que se presenta una “amenaza” a los venezolanos por el “paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando” hacia Colombia de mercancías altamente subsidiadas en el país petrolero.
Según el gobierno, a ello se suman “ataques” contra la moneda venezolana, lo cual “evidencia una intención deliberada de generar alteraciones del orden público, afectando el acceso a bienes y servicios”.
En tal sentido, el decreto permite a las autoridades restringir “el tránsito de bienes y personas”, prohibir algunas actividades comerciales y “establecer límites máximos de ingreso o egreso” de bolívares en efectivo.
También podrán “establecer restricciones a operaciones y transacciones comerciales o financieras, y restringirlas al uso de medios electrónicos”.
Maduro sostiene que en el lucrativo contrabando en la zona limítrofe -de dos mil 219 km- están implicados paramilitares que, aliados con la derecha local, buscan desestabilizarlo.
Considerado por la ONU como el segundo país más violento del mundo, Venezuela afronta una crisis económica con alta inflación, devaluación del bolívar y escasez de dos tercios de los productos básicos, en medio del desplome de los precios del crudo.
El decreto será enviado para su aprobación a la Asamblea legislativa -de mayoría chavista- y al Tribunal Supremo de Justicia para un control constitucional.
