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El primer vuelo salió el viernes de la ciudad de McAllen (Texas), fronteriza con México, con destino a Del Río, otra urbe texana donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) tiene un centro para identificar y detener temporalmente a los inmigrantes que llegan irregularmente desde México.
La CBP ha fijado vuelos para trasladar a inmigrantes durante varios días, incluidos dos viajes para el martes, según los funcionarios citados por The Washington Post.
De acuerdo a una de esas fuentes, el Gobierno de Estados Unidos ha decido usar aeronaves porque todos los autobuses están ya siendo usados y las autoridades necesitan otros medios de transporte, como los aviones, que pueden trasladar a 135 adultos por un coste de unos US$16 mil, según el Post.
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La información relevada por el diario es relevante porque muestra las dificultades de las autoridades de Estados Unidos para responder a la gran cantidad de migrantes que cruzan de manera irregular la frontera con México, la mayoría de ellos huyendo de la violencia y falta de oportunidades de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Crece cifra de migrantes
Casi 100 mil personas fueron arrestadas en abril por haber cruzado ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos, lo que supone la mayor cifra en los últimos seis meses, según datos de la CBP.
Ese repunte ha saturado los centros fronterizos de la CBP donde los inmigrantes son identificados antes de pasar a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), agencia que tiene instalaciones dentro del país donde los inmigrantes son detenidos por largos periodos de tiempo antes de ser deportados o puestos en libertad, en caso de poder permanecer en Estados Unidos.
Como no hay espacio en los centros en la frontera, la CBP ha alojado a los inmigrantes en tiendas de campaña en las ciudades fronterizas de McAllen, Brownsville y Rio Grande City.
Además, en El Paso y Camp Donna, una base militar en el Valle del Río Grande, la CPB ha instalado carpas donde aloja a familias, entre las que figuran menores.
Varias ONG, incluida Human Rights Watch (HRW), ha criticado la instalación de esas tiendas al considerar que, en ningún caso, los niños deberían ser privados de libertad.
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