Variaron las cifras de asistencia, las pancartas, el estado del clima y hasta las demandas, aunque desde el principio, la exigencia de salida de la Vicepresidenta (cuyo ex secretario privado Juan Carlos Monzón era considerado en inició la cabeza de la estructura) fue acompañada, como una sombra, por la demanda de renuncia de Pérez Molina: una sombra que creció hasta el punto de eclipsar la campaña electoral y de ensombrecer la imagen del gobierno del Partido Patriota que arrancó el 14 de enero de 2012.
Baldetti dimite el 8 de mayo cuando estaba por ser discutida en el Congreso la eliminación de su inmunidad como vicepresidenta. El 19 de abril dio una conferencia de Prensa que dejó más dudas que certezas. Tras su salida permanece varias semanas fuera de la esfera pública hasta ser capturada el 21 de agosto, en un hospital privado. El juez ordena que vaya a prisión preventiva, no tanto por peligro de fuga sino para evitar injerencia en la investigación. Sin embargo, su salida, lejos de bajar la presión social, la concentró sobre su compañero de fórmula.
Con la petición de renuncia de prácticamente todos los sectores sociales, que se acentuó en las últimas dos semanas y que alcanzó un nivel de clamor nacional el 27 de agosto, el presidente Otto Pérez Molina, se quedó prácticamente solo, únicamente con el apoyo institucional del Ejército aunque numerosos oficiales expresaban su descontento por el desgaste que el general retirado atrajo en cuatro meses sobre la institución, período que arrancó con la primera manifestación anticorrupción en la Plaza de la Constitución, el 25 de abril, a la cual concurrieron más de 30 mil personas.
Traición política
No obstante el golpe político final no se lo dieron los guatemaltecos indignados, ni el sector privado organizado que tácitamente le apoyó en un primer momento, ni la batalla verbal constante a través de redes sociales que a diario hacían eco, mofa y reiteración a los pedidos de depuración y de batalla a la corrupción. Tampoco se lo dio la investigación del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad, Cicig, con sus escuchas telefónicas, documentos y otras evidencias. La puñalada final al gobierno de Pérez Molina se la dio la propia bancada oficialista, que el 1 de septiembre votó a favor de que se le retirara la inmunidad. Quizá intentaban rescatar algo de caudal político de cara a las elecciones programadas para el inminente día 6.
Cierto: este no era el primer gobierno en que se identificaban escándalos de este tipo: la administración de Portillo (2000-2004) defraudó, la de Oscar Berger (2004-2008) dejó una estela de dudas, Colom (2008-2012) no se libró de los señalamientos, pero era la primera vez que se tenían grabaciones telefónicas en las que se ponía en evidencia la posible participación del binomio presidencial. Y Guatemala salió a las calles. La salida de Baldetti fue motivo de festejo. Cohetillos, gritos, algarabía. Pero en las primeras semanas no faltó quien dijera que la protesta en sábado era más bien anodina. Incluso el mismo Pérez Molina señaló que se trataba de “un pequeño grupo”. Tampoco faltaron quienes quisieran sacar rédito político pero ante la poca asistencia de la segunda, tercera y siguientes marchas, los aprovechados mejor se alejaron.
Discursos que avivaron el fuego
El 28 de abril, 12 días después de la revelación del caso de La Línea y solo 3 después de la primera manifestación, Pérez habló en cadena nacional. Dijo haber escuchado el mensaje de la población “de forma clara y contundente” y dijo estar indignado por el caso de defraudación y anunció una reestructuración de la SAT.
El 23 de agosto, tras la detención de Baldetti, en un mensaje grabado, el presidente declara que no piensa renunciar, acusa al sector privado de ser cómplices de otra “Línea” de defraudación e invoca incluso una estrategia de intervención extranjera para socavar la democracia en alusión a la Cicig. “Con el carácter que niego mi vinculación, no puedo dejar de reconocer que aconteció en mi gobierno y con funcionarios cercanos, y me obliga a pedir una disculpa pública y desde el fondo de mi corazón pedir perdón a los guatemaltecos”.
Pero los guatemaltecos no le perdonan y la exigencia de renuncia se acrecienta. El domingo 23 de agosto, el líder campesino Daniel Pascual, en representación de 72 organizaciones agrupadas en la Asamblea Social y Popular, llaman a tres días de “movilizaciones por la dignidad nacional”, cuyo objetivo principal es exigir la renuncia del Presidente.
El llamado tuvo efecto y desde el martes 25 de agosto, miles de ciudadanos empiezan a manifestarse en las principales ciudades de la provincia. La gran marcha convocada para el jueves 27 de agosto, se convierte en una inédita manifestación, sin precedentes en la historia moderna, y a la cual se unen, en todo el país, colegios, universidades, empresarios (mas no inicialmente el Cacif, que se sumó a último momento), colectivos sociales (excepto aquellos ligados a dirigentes afines al gobierno como Joviel Acevedo, magisterial, o Luis Lara, salubrista).
El grito fue atronador. La Plaza de la Constitución rugió como no ocurría en más de 70 años. Y también las calles y plazas de varias cabeceras departamentales. El eco fue colosal. Se comparó el movimiento con la gran marcha unionista de 1920, pero sobre todo con la Revolución del 20 de octubre de 1944. La fuerza de esta demostración obligó a los diputados (que con una treta legislativa le salvaron de un primer antejuicio) a lograr el quorum necesario para discutir el antejuicio, previamente avalado por la comisión pesquisidora y tramitado inicialmente por la Corte Suprema de Justicia a pedido del MP y la Cicig.
Pérez no acudió a la citación de la pesquisidora el 29 de agosto. Envió un informe escrito en el que negaba los señalamientos en su contra. De hecho nunca acudió como Presidente al Congreso de la República, que con todo y sus cuestionamientos, es legalmente la máxima representación del Pueblo.
Casi al morir el 2 de septiembre, Pérez Molina nuevamente se escudó tras una carta que envió al Legislativo. El 3 de septiembre amanece con una noticia que corre como brisa: tras 19 semanas de protesta, el presidente Otto Pérez Molina deja el cargo. Es imposible no pensar en la caída del general Federico Ponce Vaides, el 20 de octubre de 1944, pues la gente celebra en las calles, se respiran nuevas esperanzas y otro militar es expulsado después de 131 días de clamor popular, sin una sola gota de sangre aunque sí mucho sudor.
