Un incidente en el cual unos militares venezolanos fueron heridos en la frontera con Colombia por una banda de contrabandistas fue utilizado por el presidente Maduro como excusa para cerrar la frontera más viva del continente después de la de México con EE. UU., declarar el estado de Excepción en numerosos municipios fronterizos, retirar al embajador y ordenar la “revisión integral” de las relaciones. Se inició también una ola de deportaciones abruptas y forzadas de humildes colombianos indocumentados, incluyendo niños nacidos en Venezuela. La forma violenta como se procedió a las deportaciones ha sido criticada, entre otros, por la ONU, la Acnur, la Iglesia Católica y numerosas ONG de derechos humanos.

En la frontera ha habido en el pasado incidentes mucho más graves. Recordemos también que todas las encuestas serias están dando una ventaja de más de 30 puntos a favor de la oposición en la intención de voto; por tanto, es evidente que Maduro trata de exacerbar el sentimiento nacionalista, distraer la atención del desastre socioeconómico que las “ideas muertas” de su gobierno han creado y, sobre todo, tratar de culpabilizar al Gobierno y a unos “supuestos” paramilitares colombianos de la pronunciada escasez de productos de primera necesidad, por el contrabando fronterizo. El contrabando no sería tan grave si no estuvieran involucrados el sector de la Fuerza Armada y los altos funcionarios del gobierno venezolano encargados del control fronterizo. Es importante resaltar que la pronunciada escasez se debe fundamentalmente al desplome de la producción nacional causada por las expropiaciones, la inseguridad jurídica, las agresiones e insultos al sector privado de la economía y al fracasado modelo económico socialista que, como dijo Bronislaw Geremek: “No solo no creó riqueza, sino ni siquiera distribuyó con justicia la pobreza”.

Tengo la impresión de que en el directorio “feudalizado” que gobierna Venezuela empieza a surgir un cierto grado de desesperación en relación con el muy probable resultado adverso en las elecciones parlamentarias. El Gobierno está tratando de fomentar la abstención y la división del voto opositor. Además utilizará ilegalmente todo el poder del Estado para aumentar a niveles máximos el acostumbrado y descarado “ventajismo” en el proceso electoral. Tratarán también de aumentar el número de votos fraudulentos, que en el pasado han sido alrededor de 350 mil. Sin embargo, la Alternativa Democrática está mucho más preparada para el control y la defensa del voto y hay que subrayar que una ventaja muy grande será muy difícil de hacer desaparecer.

El Directorio que gobierna deberá escoger entre un fraude evidente y aceptar la derrota, que por un lado será un verdadero terremoto político, que muy probablemente iniciará un “deslave” en el apoyo al régimen. Por el otro, tomando en cuenta que el chavismo seguirá teniendo una relevante cuota de poder en las instituciones del Estado, la nueva correlación de fuerzas puede crear las condiciones para una transición concertada. En cambio, si la decisión del Directorio fuese el desconocimiento de la voluntad popular con un grotesco fraude, la legitimidad nacional e internacional del gobierno se hundiría. El dictador Marcos en Filipinas y Fujimori, mutatis mutandis, lo intentaron y a los pocos meses fueron obligados a entregar el poder.

@sadiocaracas