En ese contexto, se conoció que el magistrado Francisco de Mata Vela salió hoy de viaje.
En conferencia, Martín Guzmán, vocero y secretario de la Corte, dijo que desconocía el motivo y destino del viaje, pero aclaró que esto no hará que se detenga el caso porque se llamará a un suplente.
Se trata de un amparo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que vuelva a conocer la solicitud del retiro de inmunidad de Sandra Torres, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señalada de haber recibido, en 2015, financiamiento electoral no registrado.
Por tratarse de un caso en materia judicial y no electoral, la resolución de la CC no cambia en nada la inscripción de Torres, por lo cual, hasta ahora, ella sí participará en la papeleta del próximo 16 de junio. Torres ocupa la primer lugar en la encuesta realiza por ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión.
Más allá de la incertidumbre que genera en el proceso electoral, puesto que ha quedado fuera de la contienda Zury Ríos y Thelma Aldana, las otras dos a la cabeza de las encuestas, este caso podría comprometer a Torres.
Estos procesos toman meses, pero la decisión en torno a la inmunidad de Torres puede llegar independientemente de lo que pase en la arena electoral, ya sea primera, segunda vuelta o más allá.
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El 27 de febrero, la CSJ rechazó sin entrar a conocer la petición de la Fiscalía, por considerar que no había indicios suficientes para retirarle la inmunidad a la presidenciable.
Luego de esa resolución del 27 de febrero se filtró un audio en el que se escucha a Torres conversar con Gustavo Alejos, antiguo operador del partido, sobre un financiamiento de Q40 millones para la campaña electoral del 2015, recursos que no fueron reportados por la UNE al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La solicitud del retiro de la inmunidad a Torres fue solicitada por el Ministerio Público (MP) por la posible comisión de los delitos de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.
Aunque la CSJ dijo no al retiro de inmunidad de la aspirante presidencial, así como a la de cuatro diputados y dos alcaldes de ese mismo partido, contradictoriamente el caso por financiamiento sí ha tenido avances.
Alejos y otras tres personas ya están procesadas por financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.
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