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Montes Praslín, quien recibió un disparo mientras forcejeaba con uno de los guardias, “falleció mientras se le hacían maniobras de reanimación”, según la versión del Gobierno.
Según el funcionario, a eso de las 14.30 horas un buen grupo de presos se abalanzaron contra el personal del perímetro de seguridad, “forcejeando con uno de los centinelas con claras intenciones de quitarle el arma reglamentaria” y “en dicho forcejeo hubo disparo que impactó al preso” fallecido.
El motín ocurrió mientras una misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) era atendida por el personal del Sistema Penitenciario Nacional en La Modelo, a unos 23 kilómetros al noreste de Managua, según el Ministerio de Gobernación.
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La fuente agregó que “se presentó por novena vez grave alteración al orden interior de parte de los presos por delitos contra el orden público”, que se encuentran detenidos en el marco de las protestas antigubernamentales que comenzaron el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma a la seguridad social.
Los presos políticos son personas que fueron capturadas por participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega desde el estallido social del 18 de abril de 2018.
Según Cañas, los denominados presos políticos por la oposición han destruido en los últimos días la infraestructura de la galería penitenciaria provocando la quema de colchones asignados, destrucción del sistema eléctrico, del techo de la galería, malla perimetral y agresión a funcionarios penitenciarios.
Las autoridades no informaron las condiciones en que se encuentran los presos después del amotinamiento.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como organismos humanitarios locales y familiares, han denunciado que los “presos políticos” son víctimas de trato inhumano y torturas en las diferentes cárceles de Nicaragua.
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La CICR anunció esta semana que había empezado a visitar las prisiones nicaragüenses con el objetivo de prepararse para la eventual liberación de los “presos políticos”, prevista a más tardar el 18 de junio próximo, aunque no estaba claro si solamente se entrevistarían con autoridades o si tendrían acceso a ingresar a los calabozos.
Diversos grupos opositores y defensores de los derechos humanos sostienen que en Nicaragua existen al menos 809 “presos políticos”, de los cuales el Gobierno reconoce 468, y los considera “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
Los presos políticos son personas que fueron capturadas por participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega desde el estallido social del 18 de abril de 2018.
La captura, muerte o desaparición de opositores en los últimos 13 meses, así como el éxodo de decenas de miles que se han marchado al exilio, ha creado la peor crisis de Nicaragua en décadas.
La crisis ha dejado 325 muertos, según la CIDH. Organismos locales elevan la cifra hasta 593 víctimas. El Gobierno reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
En la Organización de los Estados Americanos (OEA) la Carta Democrática Interamericana está en proceso de aplicación a Nicaragua, por rompimiento del orden constitucional, con la que el país quedaría suspendido del organismo.
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