Seis tortillas al día y una untadita de frijol, “cuando hay”. Si no, aunque sea un manojo de hierbamora hervida en olla de agua reciclada. Paliativo de comida; eufemismo para vida de perro. Lo usual, lo común en un país ingrato, miserable, con un egoísmo de asco, y lleno de gente ensimismada, sumergida —quizás por pena— en sus propios intereses. Por piso, allá en Camotán, una torta de lodo tieso; seis personas duermen sobre tablas de madera en una misma habitación. ¿Habitación? Vamos. Hay cerdos que viven en mejores construcciones en otros lugares. Esa es la verdad. Y aunque son generaciones las que les precedieron viviendo así, ahora su situación ha llegado a un punto de quiebre. El agua no cae del cielo, y la milpa, entonces, no da las mazorcas que un día comieron y que a veces su remanente lograron vender. Y el calor, aumentado, es caldo de cultivo para plagas como la roya, que han destrozado las matas de café. Tanerjo, su papá, nos lleva a la montaña que antaño cultivó. Esa loma de matas verdes que recuerda de tiempos pasados, no existe más en ese infierno de aridez. En vez, las cuerdas que alquilaba parecen más una granja de chiriviscos, secos como el polvo, escuálidos, esqueléticos como las patas de un quiebrapalitos.

De eso es lo que Juan escapó una madrugada de abril, cuando caminó solo hacia el norte. Juan de León, el niño adolescente que falleció en un hospital estadounidense, días después de su captura por la Patrulla Fronteriza. En una segunda etapa de nuestro viaje transversal del que escribí la semana pasada, el periodista y yo fuimos recibidos con enternecedora hospitalidad por su familia, en su precario hogar de la última aldea de Camotán, el municipio perfilado desde hace años como emblemático de la hambruna causada por las sequías del Corredor Seco. En las aldeas, efectivamente, no hay comida. Desde círculos más urbanos, ya sea en Guatemala o en el exterior, los padres de los menores que viajan ilegalmente son condenados y mal juzgados. El viaje siempre ha sido peligroso. Pero en esta nueva era, niños migrantes guatemaltecos están muriendo con frecuencia inusual bajo el “cuidado” de fuerzas de seguridad migratoria estadounidense.

Hace solo un año se dio el primer caso. Mariee Juárez, una infante de dieciocho meses, murió tras ingresar a las cárceles migratorias. Al morir, su madre, Yazmín (de 20 años), en demanda judicial, denunció que EE. UU. mantiene a los migrantes capturados en “condiciones inseguras, atención médica negligente, y supervisión inadecuada”. Los salones atestados se mantienen a temperaturas gélidas, que complican la salud. Los Estados afectados no tomaron ni una sola acción tras la muerte de Mariee. Y hoy, un año después, la recurrencia de muerte de menores guatemaltecos se ha catapultado, habiendo muerto infamemente Jakelin, Felipe y Juan, en tan solo cinco meses. Y en esta última semana, un nuevo niño cuyo nombre y edad aún no se conocen.

La Guatemala de Jimmy y compañía gana notoriedad como un Estado de estructuras criminales, alejadas de los intereses del pueblo. Muestra de ello, casos como los de los niños migrantes fallecidos en la frontera. El gobierno central y la Cancillería se limitan a trámites administrativos de repatriación, mas no a investigar lo qué está sucediendo en el fondo. El sistema migratorio de Trump tiene tinte despectivo hacia nuestros pueblos, impulsado abiertamente desde arriba. La familia de Juan no logra creer las explicaciones que recibieron sobre la dolencia médica de su hijo. Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación, que tiene mandato legal de tutelar a nuestra niñez, debe intervenir y gestionar necropsias de rutina a los cuerpos de estos niños al nada más ingresar a nuestro territorio. Se lo deben a familias como la de Juan.