La decisión de la corte aprobó formalmente su reporte previo que señaló que Rousseff violó la ley de finanzas de Brasil. Su recomendación pasa ahora al Congreso, el cual utilizará el reporte de la corte cuando voto respecto a rechazar o aceptar las cuentas del gobierno.
Según el reporte, Rousseff violó la ley de responsabilidad fiscal al retrasar pagos a bancos propiedad del Estado que adelantaron fondos para pagar programas sociales como seguro de desempleo y proyectos de vivienda de bajo costo.
El hallazgo de la corte no es judicialmente vinculante, pero puede ayudar al Congreso a decidir si Rousseff violó regulaciones fiscales.
Al echar leña a los intentos de inculpar a Rousseff, la máxima autoridad electoral de Brasil determinó el martes que existen fundamentos para investigar acusaciones de irregularidades en su campaña de reelección del año pasado.
Funcionarios de la Corte Suprema Electoral dijeron que el tribunal investigará la campaña de reelección de Rousseff para ver si fue financiada con dinero ilegal, incluidas donaciones originadas en el enorme escándalo de sobornos que ha abrumado a la compañía estatal petrolera Petrobras.
La investigación del tribunal electoral fue solicitada por el principal partido de oposición, el Partido Social Demócrata, cuyo líder Aecio Neves perdió la elección presidencial ante Rousseff en octubre del año pasado por un margen escaso.
Si la corte encuentra fondos ilegales en su campaña u otras irregularidades, podría invalidar la elección de Rousseff, así como la del vicepresidente Michel Temer, lo que llevaría a nuevas elecciones.
– Encrucijada –
Asfixiada por una recesión económica que aún no encuentra piso -el FMI prevé que el PIB brasileño caerá 3% en 2015- con su partido manchado por un monumental escándalo de corrupción en la estatal Petrobras y presionada por sus aliados, la mandataria es blanco frecuente de amenazas para destituirla en un impeachment.
Tras 12 años en el poder, el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) fundado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, está en una encrucijada.
“Es imposible que creamos que le estamos haciendo un servicio a la democracia y al país intentando usar atajos para llegar al gobierno. El único método es el voto directo en las urnas” , dijo por la mañana la presidenta a una radio en una nueva defensa de su ajustada victoria electoral de octubre.
Someter a un presidente a un juicio político requiere que 342 de los 513 diputados estén a favor, un número nada sencillo de conseguir, además de contar con sustento jurídico.
“Los que quieren un impeachment están buscando razones, motivos que den base a esa medida. Una de esas posibilidades fue el control de las cuentas (…) Aún si el Congreso las reprobara, eso no implica que va a haber impeachment. Es un elemento más. Es tirar combustible al fuego, pero no es automático” , dijo a la AFP Michael Mohallem, profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas de Rio de Janeiro.
Durante la jornada el gobierno intentó infructuosamente suspender la sesión del TCU cuestionando a uno de los magistrados.
El pedido fue denegado y fragilizó aún más la posición de Rousseff, que en la noche anterior había sumado otra mala noticia cuando la autoridad electoral reabrió una investigación sobre su campaña por un presunto uso de fondos desviados del fraude en Petrobras.
Es otra decisión con pocos antecedentes y potencial para anular su atribulado mandato.
– Sustentabilidad –
Con apenas un 10% de apoyo a su gestión, Rousseff hizo esta semana una profunda reforma de su gabinete para reforzar su base en el Congreso y, con una visible contribución de Lula, cedió poder a sus aliados para ganar sustentabilidad.
La mandataria buscó presionar a su “nueva” base aliada y pasó un mensaje a los legisladores: “Es importante que el Congreso muestre su compromiso con Brasil” .
Pero no rindió sus frutos y el parlamento dilató el tratamiento de un capítulo sensible del ajuste fiscal que impulsa el gobierno para frenar el déficit público.
Las leyes brasileñas prevén que si el Congreso apoya el rechazo del TCU, los funcionarios que sean hallados culpables no podrán presentarse a cargos públicos por ocho años, apuntó Mohallem.
