Según la Fiscalía de Sección de Asuntos Internos del MP, durante una investigación se determinó que el capturado, cuando se encontraba asignado a la Fiscalía de Alta Verapaz, solicitó Q50 mil a cambio de hacer la desestimación de un caso que tenía a su cargo.
Sin embargo, la persona involucrada le indicó que no tenía dinero, por lo que negociaron el pago con un vehículo.
Después, Cheves Escobar vendió el automotor a una tercera persona, quien posteriormente presentó una denuncia debido a que el anterior propietario tenía pagos pendiente por ese automotor.
Debido a ello se determinó que el arrestado, quien recibió como pago el vehículo para desestimar el caso, lo vendió incurriendo en el delito de estafa.
La denuncia por la deuda del automotor fue presentada el 6 de enero de 2014 bajo el expediente MP-255-2014-137, fecha en la cual inició el proceso de investigación y se estableció que el punto de partida del caso fue la solicitud de desestimación del expediente por una estafa de Q415 mil.
Dicha cantidad sería cancelada en dos pagos. No obstante, al cobrar los cheques el afectado constató que la cuenta bancaria en la que sería depositado el dinero se encontraba cancelada.
En el otro extremo
Jueces y otros operadores de justicia también han sido señalados por aceptar dádivas para beneficiar a personas que son sindicadas de algún delito.
Una investigación del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), también comprobó que existía una red de abogados que operaban en el sistema de justicia ofreciendo servicios ilícitos, con la promesa de utilizar sus influencias y conexiones en la red judicial para garantizar resultados favorables a cambio de un beneficio económico.
De ahí la investigación llevó conectar el Bufete de la Impunidad con la jueza Marta Sierra de Stalling, que se encuentra en prisión preventiva por supuestamente aceptar dinero para dictar medida sustitutiva a favor de implicados en el caso de defraudación aduanera conocido como la Línea.
