La votación fue 9-3, con votos disidentes de María Eugenia Morales, Silvia García y Delia Dávila, informó Mario Siekavizza, portavoz del organismo.
La Corte de Constitucionalidad (CC) había resuelto el 16 de mayo una apelación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra lo actuado por la Corte Suprema, que resolvió que no había nada serio contra Alejos para que le fuera retirado el antejuicio y fuera investigado.
La Feci y la Cicig señalaron que en la resolución reclamada se advertía que la Corte Suprema se extralimitó en el ejercicio de sus facultades, debido a que no se circunscribió a declarar la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como delito, que era lo que le competía hacer, conforme a la ley y atendiendo al estado de las citadas diligencias.
“Se estableció que incurrió en exceso porque emitió juicios de valor con relación a los elementos de convicción aportados, lo cual constituye función propia de los tribunales competentes, que efectuarán en su momento procesal oportuno”, refiere el fallo de la CC.
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El caso
El MP y la Cicig presentaron el antejuicio en contra de Alejos el 25 de enero del 2018. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.
El MP señaló al diputado de Todos en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.
Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.
Sin embargo, el 21 de noviembre de 2018, por unanimidad, la CSJ rechazó la solicitud de retiro de inmunidad contra Alejos, algo que ya venía sugerido en el informe que mandó Jorge Valladares, juez pesquisidor, al término de un proceso donde el congresista intentó en 15 ocasiones separar al juzgador de ese caso. Incluso fue multado por recusaciones malintencionadas y frívolas.
La decisión de la CSJ fue unánime, en una jornada en la que los magistrados de la CSJ sostuvieron una reunión con diputados y donde se acordó un incremento de Q600 millones al presupuesto del Organismo Judicial para el 2019.
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