Y a pesar de la fuerza que dicen y la experiencia que aseguran tener, ni en las filas del Ejército ni en los entes que registran a sus veteranos el grupo tiene registro de su existencia. Aun así, llegaron al Congreso donde varios partidos les han prestado atención.
La reunión en el Congreso se hizo con la información de que los supuestos exmilitares habían bloqueado ocho puntos en la provincia y amenazaban con seguir con los bloqueos si sus demandas no eran atendidas.
En la reunión participaron diputados y representantes de la Comisión Presidencial del Diálogo y la Secretaría de la Paz. Los supuestos exmilitares indicaron que su petición es que se entregue una indemnización de Q85 mil a cada uno de los 1.7 millones de personas que, aseguran, combatieron durante el conflicto armado interno, en total, Q144 mil millones.
Luego de varias horas de discusión se llegó al acuerdo de que la mesa de diálogo se establecerá el 28 de mayo próximo, en las instalaciones de la Comisión Presidencial del Diálogo, donde las instituciones del Ejecutivo analizarán las peticiones de estas personas.
Agravan amenaza
Los supuestos exmilitares no se mostraron satisfechos con la decisión a la que se llegó e intensificaron las amenazas que habían hecho días antes.
Francisco Calmo De León, presidente de la Asociación de Soldados Veteranos Militares de Tropa, afirmó que se sentían “decepcionados porque no se tuvo ningún acuerdo”.
“Si para el 28 no hay una resolución no habrá votaciones y no habrá nuevo presidente hasta que se cumplen nuestras peticiones”, afirmó el dirigente.
Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, sobre estas amanezcas afirmó: “Es algo que no vamos a permitir, insisto a hacer un llamado a la reflexión, el Ministerio de Gobernación va a garantizar el estado de Derecho y les pedimos que depongan estas actitudes y se sienten a conversar”.
Sin embargo, Calmo De León respondió: “Quiero mandarle este mensaje al ministro de Gobernación, que tome en cuenta que los soldados de tropa lucharon en la montaña derramando sangre y peleando contra el traidor y quiero decirle que los soldados que están aquí tienen capacidad de armar bombas y hacer muchas cosas que aprendimos en el Ejército y no le vamos a temer a los policías y a nadie que mande si nos toca morir, moriremos peleando nuestros derechos”.
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Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, informó que debido a estas declaraciones la institución “abrió un expediente de oficio en la Fiscalía Contra Delitos Electorales”.
Información dudosa
Los supuestos militares afirman que son 1.7 millones de personas las que prestaron servicio en la época del conflicto armado interno, el dato causa dudas.
Un ejemplo es que, según el Instituto Nacional de Estadística, para 1996, año en que se firmaron los acuerdos de paz, la población era de 10.2 millones de personas, es decir que, de acuerdo con los datos de esta organización para ese entonces el 16 por ciento de la población tendría que haber estado de alta o retirado del Ejército.
Se le consultó a Calmo De León como era que se había obtenido ese dato y respondió que tienen presencia en todo el país y que hay coordinadores municipales y departamentales quienes elaboran los listados y los trasladan a la dirigencia nacional.
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Óscar Pérez Figueroa, vocero del Ejército, fue consultado sobre este dato y explicó que luego de la firma de los acuerdos de paz surgieron diversas organizaciones que se han valido de los patrulleros de autodefensa civil y de los miembros de comités voluntarios de autodefensa civil para negociar algún tipo de resarcimiento.
“Sin embargo, suena muy aventurado esa cantidad de personas, que puedan haber servido realmente al Ejército. Como no es una situación institucionalidad y porque el Ejército es obediente, apolítico y no deliberante, en ningún momento tenemos ninguna postura al respecto”, afirmó el portavoz castrense.
Además agregó que el Ministerio de la Defensa no tiene un registro y es totalmente ajeno a los integrantes de instituciones que al no ser parte del Ejército son de la sociedad civil.
Alegan que fueron olvidados
Los supuestos exmilitares aseguran que el Ejército solo los utilizó y se olvidó de ellos y aseguraron que el Instituto de Previsión Militar (IPM) nunca los ha apoyado.
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Además señalaron que no pertenecen ni tienen contactos con la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), asociación que dicen, solo los ha engañado.
Pérez Figueroa explicó que para poder tener derecho a los servicios del IPM se tiene que cumplir con ciertos requisitos como ser oficial de carrera con 33 años de servicio o especialista con 30 y que no se tienen registros de esta cantidad de personas y que si así fuera posiblemente el Instituto hubiera quebrado.
Además explicó que el IPM no maneja “en ningún momento la figura de resarcimiento, sino mas bien la de una previsión que está estipulada en la ley”.
Se buscó una postura del IPM, pero al no tener Unidad de Comunicación Social, indicaron que cualquier duda sería respondida a través del trámite de Acceso a la Información Pública.
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José Luis Quilo Ayuso, integrante de la Junta Directiva de Avemilgua, confirmó que muchas de las personas que llegaron a la negociación en el Congreso si son veteranos militares.
“Parece que han sido manipulados por algunos grupos que andan por ahí para que exijan la entrega de un resarcimiento. Nosotros nunca hemos orientado a nuestros socios a que hagan una demostración de esa naturaleza”, afirmó Quilo Ayuso.
Sergio Flores, comisionado presidencial del Diálogo, indicó que en la mesa que se instalará el martes de la próxima semana participarán el Ministerio de la Defensa, Instituto de Previsión Militar, Fondo de Tierras y la Copredeh.
El comisionado indicó que buscarán bajar la tensión y que los militares analicen bien sus opciones y no traten de tomar medidas de hecho.
Anibal Rojas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, abogó para que no exista este tipo de medidas de hecho por parte de los militares retirados, porque deben existir elecciones libres y en paz.
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