De León obtuvo Q502 mil 545.70 por haber dirigido el Registro General de la Propiedad durante 39 meses. Entre ese monto recibió Q23 mil 175 por bono diferido y Q57 mil 124 de bono vacacional, ambos pagos establecidos en el Pacto Colectivo.
Mazariegos recibió Q282 mil 635.81, y se incluyen Q15 mil 442.78 por bono diferido y Q7 mil 106 de bono vacacional.
Un informe de auditoría interna de agosto del 2014 reportó al despacho general sobre el incumplimiento del arancel, y la respuesta fue que no se le expusiera a la Comisión Nacional Registral, para no dejar evidencia.
Un diagnóstico entregado por Jorge Solares, registrador sustituto, a René Villegas, registrador de la Propiedad —en septiembre de 2015— se basa en cuatro aspectos: financiero, administrativo, contrataciones de bienes y servicios y recursos humanos.
El Registro otorgó préstamos personales a empleados, lo cual pudo poner en riesgo las finanzas.
Hay actas suscritas en libros no autorizados por la Comisión Nacional Registral.
Falta de requerimiento de la presentación de la declaración jurada patrimonial por parte de Recursos Humanos.
Personal contratado en el renglón 029, sin anotar en los contratos si el empleado era colegiado activo, en el caso de servicios profesionales.
Mejía, en tanto, recibió por prestaciones laborales Q105 mil 208.53, y como los anteriores exfuncionarios, bonos diferido y vacacional.
Mejía es exesposa de Vernon González, asesor de De León acusado por tráfico de influencias durante el proceso de la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.
Ambos movieron unos Q49 millones, según información publicada por Prensa Libre, de los cuales Q18 millones eran parte de un litigio con la empresa mexicana Tradeco.
Déficit presupuestario
El Registro General de la Propiedad tiene un desbalance presupuestario de Q50.9 millones, debido al excesivo incremento de empleados, todos contratados durante el periodo de De León —2012 al 2015—, así como por gastos en gasolina y de representación.
El plan de gastos para empleados aumentó casi un 50 por ciento. En el 2011, el presupuesto era de Q63.4 millones, y para el 2014 llegó a Q95.3 millones.
El actual registrador, René Arturo Villegas Lara, anunció que los contratos que venzan no serán renovados.
Agregó que espera que el problema sea resuelto con una transferencia o cambio de renglones, lo que solo puede ser autorizado por el presidente Alejandro Maldonado Aguirre.
Debido al déficit presupuestario, la Procuraduría General de la Nación presentó acciones legales para determinar responsabilidades.
