El hombre acusado de su muerte, el mexicano Juan Francisco López Sánchez, quien estaba ilegalmente en el país pese a un amplio historial delictivo y deportaciones múltiples.
Había sido excarcelado por las autoridades de San Francisco pese a una solicitud de las autoridades federales de migración para mantenerlo en custodia.
La propuesta hecha por el senador de Louisiana, David Vitter, castigaría a las jurisdicciones que no compartan información de migración o cooperen con las solicitudes federales, al bloquear algunos fondos y subvenciones.
“En lugar de recompensar ciudades, debemos empezar a aplicar nuestras leyes migratorias vigentes y fortalecer nuestras fronteras para mantener a los estadounidenses a salvo en su propio país”, dijo Vitter.
San Francisco y cientos de otras jurisdicciones a nivel nacional han adoptado políticas para no atender las solicitudes de detención de las autoridades de inmigración, que de acuerdo a los defensores de dicha medida, pueden enfocarse injustamente en inmigrantes inocentes y perjudicar las relaciones entre las comunidades migratorias y las agencias de la ley.
La Casa Blanca había amenazado con vetar la propuesta, señalando que pondría en riesgo dólares vitales para el ejercicio de la ley y provocaría desconfianza entre las autoridades federales y locales.
El Gobierno ha criticado a ciudades como San Francisco por no cooperar en su totalidad con las autoridades migratorias, pero ha intentado trabajar con ella mediante un programa que permitiría a los federales ser notificados en caso de que se ponga en libertad a un delincuente peligroso.
