Crítica de los centros de detención para niños y familias migrantes, la CIDH acusó a uno de esos centros ubicado en Karnes (Texas, sur), al que visitó en septiembre de 2014, de violar las normas interamericanas de reclusión, y señalar que sus instalaciones eran “más punitivas y de naturaleza carcelaria” .
En su informe, la Comisión analizó la situación de los migrantes clandestinos de Honduras, Guatemala y El Salvador, así como de México, una situación que se volvió crítica tras el número sin precedentes de niños no acompañados que cruzaron ilegalmente la frontera de Estados Unidos el año pasado.
Entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014, más de 68 mil menores, principalmente provenientes de Centroamérica, fueron aprehendidos por la patrulla fronteriza estadounidense. Muchos terminaron en centros de detención de las autoridades migratorias ICE.
EFE en .@laprensa: Denuncian ante la CIDH inivisibilidad de hijos de presos en América #CIDHAudiencias https://t.co/SXcbwFaQ7d
— CIDH (@CIDH) October 22, 2015
La CIDH pidió a Estados Unidos desistir de construir nuevos centros, decidir la necesidad de detención caso por caso, mejorar la evaluación de familias que buscan protección y garantizar acceso a abogados, e investigar las denuncias de abusos de funcionarios migratorios.
El secretario estadounidense de Seguridad Interior, Jeh Johnson, anunció reformas en junio para flexibilizar las condiciones de detención, aunque el gobierno insiste en seguir ampliando estas instalaciones.
Respecto a los niños mexicanos, la CIDH pidió el “fin de inmediato” a las devoluciones automáticas de esos menores sin antes evaluar su necesidad de protección, una salvaguarda que gozan los migrantes procedentes de países no limítrofes.
La Comisión reiteró que las medidas para asegurar la frontera no lograrán detener el flujo migratorio.
“Más bien, corresponde abordar en forma integral los factores subyacentes que generan las crisis: (…) la pobreza, la desigualdad económica y de género, la discriminación multisectorial, y los altos niveles de violencia en El Salvador, Guatemala, Honduras y México”, concluyó la Comisión.
Un plan estadounidense de 1 mil millones de dólares en ayuda social, económica y de seguridad para contrarrestar las causas de la emigración en Centroamérica está bloqueado en el Congreso, pero los gobiernos de la región se han comprometido con iniciativas unilaterales.
