“Antes de otro impuesto, primero hay que ordenar la casa. Cada año el Gobierno y el Estado tienen más ingresos por temas fiscales, pero hay menos resultados”, argumentó Briz.
El presidente de la Cámara del Agro (Camagro), Nils Leporowski, expresó que la recaudación fiscal aumentó casi Q900 millones en lo que va del 2015, y que además todos los ministerios están plagados de plazas fantasmas, no se controla el contrabando y no se sabe a cuánto asciende el presupuesto nacional, por lo que no es posible que se cree un nuevo impuesto.
“Después de esa serie de problemas de corrupción, veamos si el país necesita más impuestos. Hay que dejar de castigar al sector empresarial con más tributos. No es apropiado, y lo único que va a hacer es alejar la inversión”, indicó Leporowski.
Apoyo
El vicepresidente Alfonso Fuentes Soria, quien calificó de seria la propuesta del jefe de la Cicig sobre el impuesto transitorio, informó que la discutirá con el presidente Alejandro Maldonado y que posteriormente la presentarán al gabinete de gobierno.
“Es una propuesta que se debe estudiar con detenimiento. Lo cierto es que los empresarios deben gastar en seguridad personal porque han observado que la justicia no ha funcionado en el país”, remarcó el vicemandatario, quien considera que ahora sí se han visto cambios en el sistema y que la justicia está funcionando.
Fuentes Soria expuso que se requiere inversión, ya que de algún lugar deben salir los recursos para el funcionamiento y apoyo de la Cicig, y no solo de la comunidad internacional.
El vicepresidente considera que la ayuda de la Cicig ha sido grande y le corresponde al país adoptar las capacidades de los técnicos extranjeros que trabajan en la nación.
“Se debe invertir en forma local, de dónde obtenerlo es lo que hay que discutir. Todos deberíamos de dar nuestro aporte”, indicó Fuentes Soria.
El funcionario también expuso que, aunque no está previsto en el presupuesto, se debe discutir con los distintos sectores y plantear las discusiones en el Congreso. “Si se fortalecen el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, el país no dependerá de la comunidad internacional”, puntualizó Fuentes Soria.
Pasos
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, dijo que es cierto que el MP y la Cicig necesitan fondos para su funcionamiento, pero que antes de pensar en un nuevo impuesto es necesario eliminar la corrupción y la evasión fiscal en el país.
“Hay que pensar en incentivos para que haya más empresas formales y que se reciban más impuestos, y hasta pensar en una revisión de la estructura del Gobierno, que se lleva alrededor de Q21 mil millones del presupuesto con contratos y pactos laborales que están fuera de la realidad”, indicó.
Según Zepeda, el comisionado solo hizo un comentario. Aseguró que la propuesta se ha comparado con lo sucedido en Colombia en el 2002, cuando se creó un tributo similar para quienes poseían más de US$1.5 millones, el cual fue utilizado en esfuerzos para combatir la delincuencia y el crimen organizado.
“Si comparamos lo que sucedió en Colombia cuando se puso ese impuesto, los niveles de confianza que tenía la población en el Gobierno eran muy altos, pero antes se conformó un grupo de trabajo de distintos sectores que vigilaban el perfecto uso de esos recursos”, apuntó Zepeda.
Análisis
Leporowski refirió que muchas empresas quedarán fuera de la Ley de Maquila, dejarán de recibir exoneraciones y tendrán que comenzar a tributar, por lo que hay que ver cuál va a ser el efecto de todos esos nuevos recursos.
Según el analista financiero Óscar Chile Monroy, un impuesto específico dedicado a un solo ente del Estado dejaría relegadas otras urgencias en más dependencias, ya que el Organismo Judicial y el Ministerio de Salud, entre otros, están en una situación crítica. “Habría que hacer una evaluación a nivel general si se busca crear un impuesto y hacer números para calcularse. Se podría caer en una duplicidad si es que se decide crearlo, y eso es una inconstitucionalidad”, expresó el analista.
Lorena Escobar, experta en seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), detalló que el Índice de Estado de Derecho del 2014, que mide 102 países, coloca a Guatemala en el puesto 85, como una nación de las que menos ingresos públicos recaudan, situación que afecta la disponibilidad para el sistema de justicia.
Sin embargo, a pesar de los bajos ingresos tributarios, Guatemala es de los que más invierten en seguridad y justicia, más que otros países de la región. “El problema está en los ingresos y la carga tributaria que tiene el país. Debe mejorarse la recaudación y evaluarse los tributos”, señaló Escobar.
