No cabe duda de que los políticos y los burócratas no han aprendido la lección que dio la ciudadanía con sus acciones rechazando la corrupción, como tampoco han aprendido la otra lección, ya que algún día serán investigados por sus acciones, tarde o temprano. Algunos ya estarán secándose las manos y limpiándose el sudor de la frente, diciendo: —¡Uuuufff, me salve!—.

La realidad es que la cosa está empezando y la ciudadanía ya está teniendo el valor de denunciar a muchos que por años han sido los saqueadores de las arcas de la Nación, y la verdad es que será cuestión de tiempo para comenzar a ver a más y más corruptos caer en las manos de la justicia. La Cicig ha contado con un enorme apoyo de la Superintendencia de Bancos y el IVE para ir descubriendo uno por uno a los involucrados en las redes, líneas o como se les llame, y nos gustaría ver más apoyo de la Contraloría General de Cuentas de la Nación

Veamos a dónde nos llevan. La Corte de Constitucionalidad se receta un bono, a pesar de la crisis; por lo menos un magistrado tuvo la decencia de devolverlo. A estos señores no les importó que los hospitales estén desabastecidos, sencillamente solo vieron sus intereses. Y ellos son la última instancia jurídica de nuestro país.

Esta semana, el comisionado de la Cicig se saltó la tapia al proponer un nuevo impuesto para el tema de seguridad. Si bien es cierto sus acciones han sido premiadas por la población, eso no lo pone en una posición de funcionario público que decida poner o quitar impuestos. Así como tampoco está calificado para aprobar o vetar al nuevo gabinete, eso es potestad de los electos por los guatemaltecos, de lo contrario quizás sea la ONU la que nombre a quien se le dé la gana. ¡Por favor!

Sería recomendable que el comisionado revisara su mandato y por ejemplo investigara cómo se negociaron y aceptaron los pactos colectivos de diferentes entidades públicas, los cuales —al ser declarados lesivos— ahorrarán a los ministerios sumas multimillonarias que podrían ser destinadas para los propósitos que el comisionado propone fortalecer.

Por ejemplo, sería loable que ya se denunciara a todos los diputados que han negociado contratos con el Estado, municipalidades y comunidades. Para recuperar la inversión que hicieron para ser nominados por sus respectivos partidos.

Hoy el presidente electo, Jimmy Morales, afronta una amenaza: las dos bancadas mayoritarias pretenden imponerle condiciones; ya se vio con el tema del presupuesto y así será, según ellos, para todos los otros temas. Pero señores diputados, así como el pueblo fue a la Plaza Central y al Palacio de la Cultura, así iremos al Congreso a exigir que cumplan con su obligación de legislar para bien de la población.

Los cambios que están por venir son los que irán sentando las bases para una reingeniería del Estado, donde el funcionario público estará no solo en la mira de investigadores, sino que de la misma población. Por supuesto, todos los beneficiados de estas faltas a la ética tratarán de callar a quienes los denuncien, por la vía violenta, acogiéndose a ONG de Derechos Humanos o por cualquier medio, coartando la libertad de expresión, pero el pueblo es como sucede en un prado, en donde una flor que muere deja cientos de semillas, haciendo que de nuevo el campo florezca.

Hablando de fondos para la seguridad, todo lo recuperado por la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio debería de ser utilizado para ese propósito. El mensaje al nuevo congreso, a los nuevos funcionarios, es que: Estaremos muy atentos. Seguramente ya nada será como antes

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