El exfuncionario que integró el cancelado Partido Patriota (PP) y cercano a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, estuvo tranquilo durante la audiencia. Incluso, se sentó alejado de Ana Lucía Recinos Chavarría, hija del exalcalde de Barberena, Santa Rosa, Rubelio Recinos, a quien también la señalan de haber cobrado Q355 mil por medio de 20 contratos sin haber trabajado en el RIC de 2012 a 2015.
De forma sorpresiva acepta los hechos
Las fiscales, María Ovando y Leslie Rosales, señalaron al exdiputado de peculado por sustracción y enumeraron cuatro contratos que gozó Édgar Rosales López, quien fue chofer de Cristiani.
“Usted conspiró en la sustracción de fondos en el Registro de Información Catastral con la contratación de una persona que jamás llegó a trabajar a la entidad y era su chofer”, dijo Ovando.
En total Rosales López firmó cuatro contratos en 2013 por Q6 mil, Q18 mil, Q12 mil y Q6 mil en un mes diferente cada uno para totalizar Q42 mil la sustracción de fondos.
“Acepto los cargos que se me están imputando. Me hago responsable. Más adelante voy a explicar esto”, refirió Cristiani cuando le otorgaron la palabra. La fiscal Ovando evitó interrogarlo con el argumento de que no había negado el señalamiento.
Después, cuando su abogado José Meléndez lo cuestionó si al aceptar los hechos también se refería a que debía resarcir al agraviado, en este caso al Estado, el exfuncionario respondió: “Sí, lo entiendo”.
Cristiani podría aportar detalles “valiosos” al caso. Eso sería la salida de los dos procesos por plazas fantasma en una virtual colaboración eficaz o testigo protegido, aunque ni la Fiscalía ni la judicatura confirman ese extremo y el exlegislador mantiene el silencio. “No sé cómo van los otros procesos”, dijo al ser consultado por los demás casos.
Se ha conocido que desde enero de este año Cristiani ha salido en varias oportunidades de la cárcel militar Mariscal Zavala a la sede de la Feci en el edificio central del Ministerio Público (MP) para dar su declaración. Aunque este extremo no es confirmado por la Fiscalía, el declararse culpable sería un indicio.
Cristiani fue conocido por haber presentado a Baldetti a su amigo, Juan Carlos Monzón, que terminó siendo el secretario privado de la exvicepresidenta, durante el trabajo en las células patriotas de la campaña de 2011.
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Plazas fantasma en el Congreso, otro caso
Cristiani Calderón recordó que ya está procesado por abuso de autoridad y peculado por sustracción en el caso Plazas Fantasma que se discute en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez.
La acusación del MP señala que, cuando fue segundo secretario de la Junta Directiva del Congreso, 2015 – 2016, solicitó, sin justificación, la contratación de 19 personas para su oficina, en su mayoría asistentes y bajo el renglón 022, con salarios de Q10 mil a Q20 mil aparte de las tres contrataciones que le faculta la Ley del Organismo Legislativo.
Además, se estableció que tenía cinco plazas fantasmas ya que las personas no asistían a sus labores en el Congreso. Tres de los supuestos colaboradores trabajaban en una de sus empresas.
El nuevo caso, las “champurradas”
Pero Cristiana tiene más señalamientos.
El 6 de mayo pasado la Feci y la Cicig lo señalaron por su supuesta implicación en la investigación denominada Subordinación en el Congreso al Ejecutivo, centrado en el cobro de sobornos en efectivo para la aprobación de leyes, entre ellas el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, aprobado el 8 de abril de 2014.
Este último caso se mantiene en reserva en el Juzgado Décimo Penal, que dirige Víctor Cruz; sin embargo, según las pesquisas, el exdiputado recibía Q50 mil en efectivo cada dos meses como soborno, acción anómala que era conocida como las “champurradas”.
Los diputados ponentes y firmantes de la referida ley, Valentín Gramajo y Cristiani conocieron el contenido del decreto el día de la aprobación. El verdadero objetivo de la ley según la Feci “era que se pudiera instalar infraestructura en bienes de dominio público para transmisión de datos, así como castigar con delitos a las personas o funcionarios que impidieran o cobraran por la instalación de dichos elementos”.
Según el MP y la Cicig, a Cristiani lo conocían como uno de los “jefes de línea” y un “Roxy boy” —suscrito bajo las órdenes de Baldetti—.
¿Quién es?
Cristiani nació en la ciudad de Guatemala el 25 de julio de 1972. Tiene 46 años y está casado con Mónica Barrios con quien tiene dos hijas de 17 y 19 años. Es bachiller y comerciante, además trabajó en bienes raíces.
Se postuló en 2011 como candidato a diputado por el Listado Nacional y logró la curul. Fue diputado del 14 de enero 2012 al 14 de enero de 2016.
En mayo de 2016 fue detenido al conocerse el caso Plazas Fantasma. Un mes después el juez Walter Villatoro procesó a Cristiani y le otorgó fianza de Q100 mil. En julio de ese año una sala revocó la fianza y lo remitió a prisión. Su cuñada, María Manola Zarco Escaler (esposa de Pablo Marcelo Cristiani Calderón), recibía un salario de Q10 mil en el Congreso, sin presentarse a trabajar.
Cristiani influyó en la contratación de su hermano, Pablo Cristiani Calderón (vocalista de los Miseria Cumbia Band), en el Ministerio de Cultura y Deportes, como Director de Espectáculos.
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Contratos
Cristiani por medio de su empresa Cleanomatic de Guatemala, S. A., ha recibido contratos por limpieza desde 2007 a 2016 por más de Q90 millones.
Uno de los contratos fue en el Ministerio de Relaciones Exteriores por Q1.6 millones para el servicio de limpieza durante el año 2017.
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Los delitos
El Código Penal establece las penas para las personas que aceptan los hechos o son vencidas en debate:
- “Artículo 445. Peculado por sustracción. Comete delito de peculado por sustracción, el funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero, efectos o bienes que custodie, perciba, administre o guarde por razón de sus funciones. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de diez mil a cincuenta mil quetzales e inhabilitación especial. Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en dos terceras partes”.
- “Artículo 418. Abuso de autoridad. Comete delito de abuso de autoridad, el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial. Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare apremios ilegítimos o innecesarios”.
"Acepto los cargos", dice el exdiputado Cristiani Calderón.
Fue señalado por el @MPguatemala de peculado por sustracción debido a que su conductor cobró salarios, sin ir a trabajar en el Registro de Información Catastral en 2013. pic.twitter.com/zgtIh8n16S— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) May 27, 2019
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