Justicia

Iván Velásquez aparece de nuevo en caso para evitar extradición de multimillonario español de TCQ

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional de España encontró en una agenda del excomisario José Manuel Villarejo una anotación de una reunión en 2017 con Dolores Delgado, actual ministra de Justicia en funciones, y Baltazar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional. Con esa inscripción se refuerza la hipótesis de negociaciones que frustraron la extradición a Guatemala de Ángel Pérez Maura, empresario vinculado con corrupción, y de nuevo aparece Iván Velásquez en el relato sobre este caso.

La terminal que construyó APMTerminals está ubicada en Puerto Quetzal, Escuintla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La terminal que construyó APMTerminals está ubicada en Puerto Quetzal, Escuintla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Son diez palabras que se han vuelto en un descubrimiento valioso para la policía española en la investigación que se efectúa por la extradición fracasada del empresario español Ángel Pérez-Maura quien está vinculad en el país con el pago de sobornos millonarios al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Las averiguaciones sostenidas ahora ante un juez también nombraron a Iván Velásquez, quien se reunión con dos funcionarios de justicia de España, sin embargo no quedaron evidencias de que CICIG o su comisionado gestionaran algo a favor de multimillonario que pretendía detener su extradición.

La Policía española señala a Villarejo de haber cobrado a la familia Pérez-Maura más de siete millones de euros por aparentemente gestionar su salida del lío legal en el que enfrentaba el proceso de extradición, requerido por las autoridades guatemaltecas por el pago de sobornos.

Según la investigación Villarejo tuvo varias reuniones con Garzón para que usara su influencia en el sistema judicial español con el objetivo de entorpecer los procesos penales en contra del empresario español.

Planificación y comida

Según el diario El Confiencial la Policía española tiene un informe de 33 páginas y se incluye la anotación de Villarejo el 3 de julio de 2017, era la reunión que tendría con Delgado y Garzón.

“Confirmada comida mañana -programada para el 4 de julio de 2017-. Vendrá por su parte BG -Baltasar Garzón- y Lola -Dolores Delgado-”.

Las anotaciones no se limitan al previo del almuerzo, hay detalles en la agenda de Villarejo de lo que se habló en la reunión con Garzón y Delgado.

Mención de Iván Velásquez

Los investigadores de la Policía española tienen grabaciones que realizó Villarejo en las que dejó expuesta su relación con Garzón y cómo fraguaron los respaldos.

“El Mago está haciendo las cosas con los tiempos que le marcamos”, aseguró Villarejo en una de las grabaciones de reuniones que tuvo con la familia Pérez-Maura. En esas citas el comisario aseguró que Garzón se reunió en Madrid con el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.

Villarejo le aseguró a Pérez-Maura que el exjuez está dialogando con Velásquez, e expuso que el Mago “mantiene unas muy buenas relaciones con el colombiano -Iván Velásquez-“.

“Él -Garzón- lo está haciendo poco a poco”, le garantizó Villarejo a Pérez-Maura.

La policía española verificó las filmaciones del sistema de videovigilancia de la entidad judicial para determinar si hubo o no presencia de Velásquez, pero no logró localizar indicios.

En septiembre de 2018 la Sala Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional de España negó la solicitud del Ministerio Público (MP) de extraditar al empresario español  Ángel Pérez-Maura por los delitos de asociación ilícita y fraude, no obstante, autorizó que fuese juzgado en ese país por el delito de cohecho activo, informó el tribunal español.

En las anotaciones del excomisario Villarejo, clave en el proceso, sostiene que Garzón ha trabado amistad con Velásquez. “El Mago mantiene unas muy buenas relaciones con el colombiano, lo está haciendo poco a poco”, anotó.

Es más, en una visita en 2017, Villarejo destinó buena parte de su proyecto a atender a Velásquez vía el exjuez español, al punto de darle un tratamiento “first class”. “Le he dicho… pero ¿a este chico qué le gusta? ¿Las chicas, los chicos?”, habría contado Villarejo.

Otro asistente de Villarejo, Adrian de la Joya contó que al reunirse con los Pérez-Maura quedó claro que el Comisionado de CICIG no accedería con facilidad a dejar el caso contra el empresario portuario. “Es un hijo de puta, peno porque sea rojo y malo (comunista) y tal, sino porque es un tipo realmente chungo (difícil o complicado)”, relató ante la policía.

El portavoz de la CICIG, Matías Ponce, negó cualquier acercamiento de Velásquez con los involucrados en este caso. “Desmentimos reunión del comisionado Velásquez en España vinculada con extradición de Angel Pérez-Maura. No existió esta ni ninguna otra reunión con Dolores Delgado ni con Baltazar Garzón para tratar este o cualquier otro tema en ningún lugar”, publicó en la cuenta de Twitter.

Gestor de sobornos

La justicia guatemalteca requirió a Pérez-Maura en el 2016 tras las investigaciones que lo sindicaban de haber pagado US$30 millones -unos Q231 millones- a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en sobornos para hacerse del millonario proyecto, mediante el cual se agilizarían el desembarco de buques en Guatemala y haría al país más competitivo.

En cuanto a los delitos por los que se buscaba la extradición, los cuales eran asociación ilícita y fraude y cohecho activo, solamente sería posible, en cualquier caso, entregar a Pérez-Maura a las autoridades guatemaltecas por el último ilícito. La asociación ilícita y el fraude no aparecen en la lista de 24 delitos por los cuales es posible extraditar a un sospechoso, según el tratado de extradición firmado entre España y Guatemala.

El 15 de abril de 2016, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig)  revelaron un nuevo caso de corrupción que implicaba a Pérez Molina y Baldetti, el Caso TCQ. El exbinomio presidencial habría recibido sobornos por US$4.2 millones cada uno, negociados con directivos de Group Maritim-Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) y su filial en Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El grupo habría negociado sobornos por US$24.4 millones para dejar operar a la compañía, aunque al final solo recibió US$12 millones. Otros US$5.5 millones fueron entregados a otros grupos, para un total de US$30 millones, según detalla el MP.

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