En septiembre pasado Cojulum ligó a proceso penal y envió a Sierra de Stalling a prisión preventiva en la cárcel del cuartel Matamoros por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato.
Cujulum consideró que había indicios de que ella habría llegado a “acuerdos ilegales” para otorgar medidas sustitutivas a seis señalados de integrar la red de defraudación aduanera conocida como La Línea.
Ese día el juzgador expresó que había posibilidades de obstaculizar la investigación por el delito de cohecho pasivo por lo que ordenó la encarcelación de Sierra de Stalling.
El pasado 23 de octubre La Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó al Juzgado Undécimo de Primera Instancia emitir una nueva resolución en el caso de la jueza, luego de argumentar que la misma carecía de fundamento.
Sin embargo, el 27 de octubre último Colujum emitió una nueva resolución con la cual indicó que la juzgadora debía pagar una caución económica de Q100 mil por cada delito por el cual se le señalaba y gracias a ello recuperó su libertad.
Con el fallo de la Sala Primera quedó sin efecto esa resolución, así que la jueza deberá volver a prisión.
Bufete de la impunidad
Prevaricato y cohecho pasivo son los delitos formales contra Sierra de Stalling. Según los argumentos del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la jueza negoció con la estructura de abogados contratados por algunos de los implicados en La Línea.
Iván Velásquez, jefe de la Cicig, puntualizó que la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”, y junto a Emilza Higueros, contactaban a sus clientes, ofrecían abogados defensores con “contactos” en el Organismo Judicial.
A través de conversaciones telefónicas interceptadas desde el 16 de abril, cuando se realizaron los allanamientos y captura de implicados en la defraudación aduanera, se estableció la relación de Francisco Javier Ortiz con el bufet de abogados dirigido por Chepito.
