Tenemos la intención de continuar con la agenda de desarrollo económico y reactivación económica, que hemos venido impulsando desde el año pasado. Aprobamos la Ley de Factoraje, de garantías mobiliarias, fortalecimiento al emprendimiento. Queremos continuar con esa agenda porque estamos convencidos que el mayor problema de Guatemala en este momento es el tema económica, falta de empleo y oportunidades. Cuando una persona no tiene oportunidades afecta en todos los ámbitos del país, en educación, salud, seguridad y personas que salen al exterior. Todavía queremos que en este año poder seguir impulsando como la Ley de infraestructura vial que plantea un nuevo concepto de cómo contratar la obra pública.
¿Qué opina sobre las propuestas de la ley de desarrollo rural?
Nosotros estamos en contra de esa ley y en desacuerdo. Hemos leído varias versiones de esa iniciativa y nos preocupan algunos de los temas y el lenguaje que se utiliza. Nosotros somos creyentes de la propiedad privada. Creemos en que no hay ninguna diferencia en una persona que se roba un carro o se roba una propiedad. Estamos claros que hay una necesidad en el área rural, pero nuestro punto de vista no es estar repartiendo tierras.
El problema es otro, como el problema que tenemos en el área del café, en donde el precio internacional está por debajo de los costos de producción. Esto limita a quien se dedica al cultivo de café, de que todo lo que está produciendo genera pérdidas. Abordar el tema agrícola es importante pero nosotros tenemos una visión distinta desde dónde se debe abordar.
¿Por qué buscar la reelección y no dar la oportunidad a nuevos cuadros? ¿Por qué vale la pena que un diputado busque su reelección?
Todos los Congresos del mundo son mal calificados, porque muchas veces el trabajo de los congresos es incomprendido. Nosotros no ejecutamos obra, no construimos escuelas, carreteras. Lo que hacemos es un trabajo de legislar y los resultados de ese trabajo no son siempre tangibles. Muchas veces no se comprende cuál es el trabajo de los diputados.
En nuestro partido solo hay dos diputados para la reelección, los demás candidatos es su primera vez que participan para estar en el Congreso. Pero es importante que todas las personas puedan hacer una carrera legislativa. Estos tres años y medio se pasan rápido y se aprende mucho. Si no se permitiera la reelección, sería comenzar de cero cada cuatro años, es lo que sucede en el Ejecutivo o municipalidades y se pierde la continuidad.
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¿Cuál es su opinión de la modificación que se hizo y la prohibición que tienen los diputados tránsfugas?
Una cosa es que a un diputado le ofrezcan dinero para cambiarse de una bancada a otra, y con ese acto estamos en desacuerdo y debería de estar prohibido. Pero considero que existen algunas situaciones que cambiarse de alguna bancada a otra puede ser legitimas e incluso un derecho.
Podría existir el caso de que pertenece a una bancada y el partido lo obliga a votar por algo en lo que está en desacuerdo o toma la decisión de irse por una línea ideológica distinta a la que pertenece. En esos casos, considero que es aceptable que un diputado pueda decir que abandona ese partido porque ya no cree en lo que lo obliga a hacer. Lo importante es que si el diputado se cambia o no de bancada debe de seguir con su agenda legislativa.
¿Se dio realmente un pacto de corruptos en 2017?
Yo llegué ese día al Congreso sin saber qué iba a pasar. Presentaron las iniciativas se aprobó la primera que era una reforma al 407N, que después la Corte de Constitucionalidad (CC) nos exhorto a que se reformara. La otra quizá necesitaba más discusión. Creo que el fondo del asunto era correcto, pero lo que se hizo en 2017 fue un claro ejemplo de hacer algo bueno, mal hecho. El problema fue haberlo con una moción privilegiada, sin discusión. El espíritu de la segunda ley que se había aprobado era con respecto al tema de la prisión preventiva, el fondo era ese. Hoy tenemos más de la mitad de la población de los centros penitenciarios están en prisión preventiva.
¿La forma de la discusión fue el error?
Yo creo que el fondo es debatible y lo estamos debatiendo, que es el tema de la prisión preventiva. El problema fue que se hizo apresuradamente, y cuando se hace de esa forma se hace mal. Lo que estamos tratando de hacer es poner sobre la discusión nacional el problema de la prisión preventiva pero de una forma en general que abarque todos los problemas que se necesitan resolver desde ese punto de vista.
Si se hizo de una forma apresurada ¿Cómo se negoció para que votaran tantos diputados?
Yo no sé. Yo llegué ese día, sacaron las mociones, me enseñaron el del 407N que honestamente lo vi muy bien ya que era algo necesario. Después la CC nos dio la razón en ese sentido. Yo no participe en ningún acuerdo, en ningún pacto. Fue una decisión que tome en ese momento en el hemiciclo.
Con el tema de la CICIG ¿Cree que el Congreso agarró partido en temas que no corresponden a un diputado?
El Congreso no se metió mucho en ese tema. Nosotros nunca legislamos en contra de CICIG. Yo puedo hablar con total solvencia con mi desacuerdo con CICIG, porque en el partido Unionista votamos en contra para que se creara la comisión porque estamos en contra del concepto. Más allá de lo que hizo bien o hizo mal, por el tema de injerencia, pero sobre todo por el tema de la soberanía del país y de delegar ciertas funciones fundamentales para preservar la soberanía del país que nos pertenece a los guatemaltecos.
¿Algo positivo que dejó CICIG?
Al final la gente sí puso más presión y atención sobre los funcionarios e instituciones. Me parece que hasta cierto punto es saludable. Creo que eso sería algo de lo poco salvable de la CICIG
¿Cómo le explica la agenda legislativa del partido Unionista a quienes son contrarios a su ideología?
Quizá es muy económica la agenda y no tan social. Nosotros pensamos que el mejor programa social es un empleo. Hay un límite de cuánto el Estado le puede regalar o donar a una persona que va a tener soluciones de largo plazo. Debe de haber un brazo subsidiario por parte del Estado y no estamos en contra de eso. Creemos que lograr un desarrollo económico sostenible en el tiempo es la única forma de creer que las personas van a tener todo lo que necesita para una vida digna.
¿Qué hará su partido político con el tema de la polarización de los ciudadanos?
No me preocupa que exista una posible polarización. Lo que me preocupa es que haya una ausencia de discusión política. Se bajó a un nivel absurdo a calificar a las personas por su decisión libre de estar a favor o en contra de algo y la discusión se terminó. Todo lo reducimos a la discusión “pro CIGIG” o “anti CICIG”.
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¿Qué hacer para retomar la discusión política?
Comenzar a hablar de cosas que son importantes para el país. Qué vamos a hacer los guatemaltecos con el país de aquí para adelante. Por ejemplo, ¿Cómo vamos a hacer para fortalecer a las instituciones luego de la etapa de la CICIG? Esas son las discusiones que deberíamos de estar haciendo, sobretodo en una campaña electoral.
¿Por dónde se tiene que comenzar a discutir los cambios para una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP)?
Yo pienso que fue una responsabilidad del país, de los partidos políticos, medios de comunicación, sociedad civil hasta de la comunidad internacional, que todos presionaron para que las reformas a la LEPP se aprobaran sin necesidad de discusión. Yo ya acepte mi error, pero todos deben de aceptar todos los que fueron participes que se aprobara esa ley sin discusión.
El problema que tenemos en este proceso electoral es la judicialización de todo el proceso. Porque entre más reglas, normas y prohibiciones le ponemos a una ley, más se judicializa todo. Claro que deben de haber reglas, pero en Guatemala nos vamos de un extremo a otro. Tenemos que buscar el justo medio entre que existan límites pero que también no se criminalice la actividad política.
¿Qué propuestas vienen en materia de legislación sobre los problemas de inseguridad, falta de empleo, corrupción y faltas de escuelas?
En el tema de seguridad, nosotros no somos quienes manejamos a la policía. Nosotros lo que hacemos es darle las herramientas posibles a los cuerpos de seguridad para que hagan su trabajo.
El problema más grande es el tema de las extorsiones y la mayor parte se realizan desde las cárceles. La prisión preventiva y sistema penitenciario, queremos abordarlo de una forma integral. Existe un préstamo de aproximadamente 300 millones de dólares, que lo que hace es invertir la mitad del dinero para el sistema judicial y la otra mitad para la construcción de cárceles de máxima seguridad. Ese préstamo nos puede servir para comenzar y distanciar a las personas y controlar de una mejor manera lo que suceda dentro de las cárceles.
En esta legislatura se ha aprobado muchos temas educativos, un préstamo para la inversión de infraestructura escolar. Como diputados nos corresponde fiscalizar que se esté gastando ese dinero. Se aprobó un aumento en las refacciones escolares y permitió que la asistencia a clases haya subido en el país. Además, aprobamos el préstamo para la Universidad San Carlos para construcción de nuevos centros educativos.
¿Cómo va a garantizar el proceso transparente para las próximas elecciones magistrados?
Lo tendremos que hacer de la forma más abierta posible en el sentido que está bien que un diputado conozca los candidatos, se reúna con ellos y lo haría públicamente. Tampoco considero que sea ilegal hacerlo de forma privada. Sin embargo, se habla mucho de que van a presentar amparos para que esta legislatura no elija, pero sino que se espere a la siguiente. Eso sería casi un golpe de Estado, porque si el 14 de octubre no toma posesión una nueva Corte Suprema de Justicia, vamos a tener a 12 magistrados usurpando sus funciones cuando ya terminó su mandato.
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