Aludió a una decisión unánime del Tribunal de Cuentas, cuyos nueve miembros rechazaron los alegatos presentados por el Gobierno brasileño con la intención de modificar una decisión de ese organismo que consideró irregulares los balances oficiales correspondientes al año pasado.
La investigación realizada por el tribunal constató que en 2014 el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Ello llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 40.000 millones de reales (10.600 millones de dólares) y fue omitida de los resultados presentados por el Gobierno.
Los balances oficiales correspondientes a 2014 fueron rechazados por el Tribunal de Cuentas a mediados de este año, cuando se le dio al Gobierno un plazo para presentar su defensa, que los miembros de ese organismo consideraron “insatisfactoria” en una decisión tomada este miércoles.
Uno de los principales alegatos del Gobierno fue que atrasos en el envío de recursos a la banca pública son “comunes” en la gestión pública y que ya habían ocurrido con los entonces presidentes Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) , con la Ley de Responsabilidad Fiscal ya en vigor.
Sin embargo, el tribunal ratificó su decisión, en el sentido de que se trata de “irregularidades graves” y prueban que “el Ejecutivo usó la banca pública para financiarse” , en un “claro incumplimiento” de la ley.
“Lo que estamos discutiendo es exactamente eso. Si el Gobierno cumplió o no cumplió la ley y el Tribunal de Cuentas dice que no” , apuntó el presidente del PSDB, uno de los partidos de oposición que han promovido la apertura de un juicio político contra Rousseff.
El proceso con miras a la destitución de la presidenta, que se fundamenta en esas maniobras fiscales, comenzó este martes pero fue suspendido hasta la semana próxima por la Corte Suprema, que deberá esclarecer algunos de los procedimientos para el trámite.
