Además, deberá conducir la búsqueda de migrantes desaparecidos en territorio mexicano y facilitar el acceso “a la justicia de manera gratuita, imparcial, pronta y expedita”, así como la comunicación y asistencia consular desde el momento de su detención.
La unidad, indicó, buscará el respeto de la libertad e integridad personal, del debido proceso y la representación legal, y el control judicial inmediato de la detención garantizando la presentación de la persona capturada ante la autoridad judicial competente.
Se encargará de dirigir, coordinar y supervisar la aplicación de acciones idóneas y efectivas para que se repare el daño a las víctimas, detalló la institución.
Asimismo, contará con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal “para la toma de muestras, comunicación de la identificación de restos forenses y procesos de restitución de restos”, añadió.
Cada año miles de indocumentados, en su mayoría centroamericanos, intentan cruzar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida, pero durante su travesía por México enfrentan el riesgo de caer en manos del crimen organizado o de autoridades corruptas.
Según organizaciones civiles, la puesta en marcha en el 2014 del plan Frontera Sur disparó las detenciones de migrantes hasta sumar 168.000 desde julio de ese año a junio pasado, así como las violaciones a los derechos humanos de estas personas en todo el país.
