En julio del año pasado se determinó que existía un millón 280 mil 378 expedientes en las fiscalías de todo el país, que se encontraban sin resolución. Las seis agencias de la Fiscalía Liquidadora pudieron finalizar solo el 5.4%.
El ente investigador califica los resultados como un logro de las unidades que están en Alta Verapaz, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Escuintla, y en Mixco y Villa Nueva, que conforman la primera fase en materia liquidadora.
A ese ritmo podrían pasar 20 años para que los casos olvidados sean tramitados y resueltos, sin contar los expedientes que surgieron después de la inauguración de la referida fiscalía.
Para evitar esa proyección y acelerar el proceso, se planificó la segunda fase que contempla instalar agencias en Huehuetenango, Izabal, Petén, Chiquimula, Jalapa, otra en Escuintla y en Villa Canales.
Estadísticas del Organismo Judicial (OJ), que corresponden del 13 de octubre del 2013 al 13 de octubre del 2014, último año de la gestión anterior, revelan que ingresaron 391 mil 290 nuevos casos, de los cuales fueron resueltos 208 mil 459, lo cual representa el 53.3 por ciento con relación al 46.7 por ciento que continuaron pendientes para que en el actual período logren una conclusión.
Del primer año de la gestión 2014-2019 no se tiene un estimado de la mora judicial, explicó Ángel Pineda, vocero del OJ.
“Lo que se hace es continuar iniciativas de la administración anterior: la oralidad en los procesos, la agenda electrónica o la pluripersonalidad —varios jueces— en los juzgados”, refirió.
Actualmente existen audiencia para comienzo de debate que se programaron para abril del 2017.
Recursos
La falta de recursos financieros, materiales, de personal y de infraestructura son algunos de los aspectos que contribuyen a la formación e incremento de la mora judicial, como se conoce al atraso en la tramitación de los procesos, explicó el expresidente del OJ, Gabriel Medrano.
“La mora judicial es una brecha que se da desde hace muchos años, y se debe en parte al crecimiento de la población y la falta de aumento en la aplicación de justicia, relacionada directamente con el estancamiento de la creación de órganos jurisdiccionales”, señaló Medrano.
El exfuncionario aseguró que la Corte Suprema de Justicia debe analizar cuáles son sus necesidades y plantear las soluciones específicas para cada ramo de justicia —penal, civil, extinción de dominio, entre otros—.
Los efectos del retardo de los procesos judiciales se reflejan en la prolongación de la prisión preventiva de sindicados, así como la falta de certeza en los trámites de pensión alimenticia para menores de edad, entre otros.
