Maduro, elegido en abril del 2013 por seis años, tomó nota del desafío lanzado el martes por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la convulsa sesión en que asumió el control del Parlamento, tras 17 años de hegemonía chavista. “Será el pueblo quien decida con la Constitución en la mano”, advirtió.
Al proclamar el inicio del “cambio”, Ramos Allup recordó el plazo de “seis meses” que se fijó la MUD, a partir de la instalación del Parlamento, para ofrecer “un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional”: un referendo revocatorio cuando Maduro cumpla en abril la mitad de su mandato, una reforma constitucional o una Asamblea Constituyente.
Pero los analistas advierten del complejo enmarañado legal para cada una de esas vías y el hecho de que será el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al chavismo, el que decidirá las disputas en el Parlamento.
Retos de un cambio
Pese a que la oposición ganó una súperpoderosa mayoría de dos tercios (112 de las 167 curules), la nueva legislatura quedó temporalmente con 109 diputados de la MUD y 54 del oficialismo. Cuatro opositores y uno chavista no lograron juramentarse porque su elección está impugnada ante el TSJ.
Mientras el máximo tribunal decide si anula la elección de esos diputados, la oposición tendrá la mayoría calificada de tres quintas partes, que la habilita para censurar y destituir funcionarios, pero no para acortar el período presidencial.
Aquí quedó abierto un debate en torno a si los dos tercios deben calcularse sobre las 167 curules o las 163 instaladas, explicó el constitucionalista Juan Manuel Rafalli.
“La base fundamental de la estrategia está en el TSJ, si el gobierno usa su control institucional focalizadamente tiene posibilidades de éxito a corto plazo”, opinó el analista Luis Vicente León.
Eugenio Martínez, experto en temas electorales, explicó que para convocar un referendo revocatorio se necesitan las firmas del 20% (3.9 millones) del padrón electoral, recolectadas en tres días y con huellas digitales; y para remover a Maduro, el apoyo de más de 7.5 millones que lo eligieron en el 2013.
La Constituyente y la enmienda constitucional deben ser aprobadas mediante referendo convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), también acusado por los opositores de aliado del chavismo.
“Ningún cambio de gobiernos es fácil. Independientemente de las complejidades todo dependerá de la situación del país a la vuelta de unos meses. Veo una gran conflictividad social y presión enorme para que haya un cambio”, consideró Rafalli.
León señaló que la MUD también tiene el reto de vencer sus divisiones: El ala radical, encabezada por el encarcelado Leopoldo López, busca sacar a Maduro; el ala moderada, liderada por el excandidato presidencial Henrique Capriles, prioriza la crisis económica.
El primer punto de la agenda opositora tampoco pasará sin que el oficialismo ponga palos en la rueda. Maduro anunció que vetará la amnistía que aprobará la MUD para 75 opositores presos, entre ellos López, condenado a casi 14 años por las violentas protestas que en el 2014 exigían la renuncia del presidente.
Crisis e ingobernabilidad
Para encarar lo que llama una “nueva etapa de la revolución” con el Legislativo en contra, el mandatario tiene previsto nombrar este miércoles su nuevo gabinete y detallar un plan de recuperación económica que presentará a la Asamblea.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, sufre el desplome de los precios del crudo -fuente del 96% de sus divisas- un déficit fiscal de 20% del PIB, 200% de inflación, severa escasez y una contracción económica del 6% en el 2015, según cálculos privados.
“Mientras el debate político inunda el discurso chavista y opositor, la gente sentirá un vacío enorme de soluciones a sus problemas claves”, advirtió León, al recordar que la oposición ganó en las legislativas del 6 de diciembre debido a un voto castigo contra el gobierno por la crisis económica.
El retiro de las imágenes de Chávez en el Parlamento habla por sí mismo. Los analistas coinciden en presagiar un duro choque de poderes que empeoraría la situación económica.
