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En dicho informe se presenta un capítulo que habla sobre el estado de la Justicia a nivel territorial y destaca que “el análisis de la información permitió observar algunos avances, por ejemplo, en 2008 Guatemala poseía un nivel de impunidad de aproximadamente del 98 por ciento, mientras que en 2018 éste ya se había reducido a un 94.32 por ciento.
Se cree que “la reducción observada en el indicador, estaba estrechamente vinculada a la labor efectuada por la Cicig con el acompañamiento del Ministerio Público. La presentación de diferentes casos de corrupción permitió que se iniciara un proceso de depuración paulatina dentro de las instituciones de justicia”.
Se precisa que estos avances fueron posibles gracias al compromiso de miles de ciudadanos que se volvieron partícipes de la cultura de denuncia y de legalidad.
Mediante una videoconferencia, Iván Velásquez, comisionado de la Cicig aseguró que “desde 2015 la Comisión se convirtió en uno de los actores más relevantes del acontecer político del país”.
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“Debido a ello se hicieron esfuerzos para emitir recomendaciones para reformar el sistema, después de presentar una serie de casos que demostraron la naturaleza de la corrupción imperante en el Estado”, afirmó el comisionado.
Agregó que la Cicig, “ajustada a su mandato asumió una función especial en el proceso de consolidación democrática, acompañando al MP que es el único tiene la legitimación de hacer investigaciones”.
Problemáticas son superables
Según el informe, algunas de las problemáticas evidenciadas “son superables mediante instrucciones a los funcionarios locales desde los niveles institucionales más altos; otras son resolubles mediante acuerdos interinstitucionales o a través de la activación de más firmes controles y evaluaciones de desempeño, sin afectar la independencia judicial”.
Destaca que aunque los “presupuestos anuales han ido creciendo, los cuellos de botella interinstitucionales, la carga de trabajo por persona, el bajo desempeño institucional por escasez de personal o baja eficiencia y la falta de priorización, no permitan mejoras sistémicas que se traduzcan en el aumento de las sentencias, salidas positivas para las víctimas o de salidas alternas.
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Mientras que en el tema de cultura de legalidad y la lucha contra la corrupción, destaca que “esta juega un rol determinante para lograr la sociedad que todos queremos”.
Precisa que “el trabajo incansable de distintos sectores de la sociedad en búsqueda de una verdadera cultura de legalidad se ha centrado de manera tal que la legalidad, los derechos humanos y la certitud de la punición y sanción se conviertan en prioridad para el Estado”.
Agrega que la la sostenibilidad a mediano y largo plazo de un real cambio social pasa por medidas educativas, de socialización y de formación que transformen en un eje de la vida a todo nivel, el respeto y apego a la legalidad, en todas sus expresiones.
“El cambio cultural pasa por lograr que las nuevas generaciones piensen y actúen apegados a valores éticos y estilos de vida acorde a la tolerancia y aceptación de las diferencias que hacen de Guatemala un país multiétnico, multicultural y plurilingüe”, precisa el informe.
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Matías Ponce, vocero de la Cicig, destacó que dicho informe “además recoge la voz de las autoridades indígenas, los miembros de la sociedad civil con quienes la comisión, el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos, conversaron en el 2018 en los distintos territorios”.
“Concluye como lo presentamos hoy, en que la justicia de Guatemala debe transitar un camino aún mucho más pronunciado para el combate a la corrupción e impunidad. Dicho camino debe incluir un sistema pluricultural, diálogos ciudadanos en los territorios, con las autoridades indígenas, como una de las tantas posibles vías”, apuntó el portavoz.
Ponce agregó que “además se presentan distintas propuestas de agenda para continuar trabajando y entre ellas se destacan la reforma a la Ley de Servicio Civil”.
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