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El pago es parte de los acuerdos alcanzados en gobiernos anteriores como una cuota anual que reciben del fideicomiso Bosques y Agua para la Concordia, por su labor en tiempos de conflicto armado interno; sin embargo, los presidenciables critican que este pago se haga a una semana de las elecciones generales.
De acuerdo con Sandra Torres, candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) esta acción es “politiquería del oficialismo” porque el objetivo evidente es la compra de votos, de una manera descarada. “Si realmente les interesara la situación de estas personas lo habrían hecho antes”, no a pocos días de las elecciones generales, puntualizó.
La presidenciable calificó este pago como ilegal y anunció que interpondrá una denuncia ante el MP, junto con otros delitos que, asegura, ha propiciado el gobierno, cómo el obsequio de láminas, alimentos y otros bienes que prohíbe la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp). “Este pago deberá ser revisado, porque los recursos de los contribuyentes son para impulsar el desarrollo no para el beneficio de grupos políticos”, apuntó.
Malversación de fondos
El candidato presidencial de la coalición Partido de Avanzada Nacional (PAN)-Podemos, Roberto Arzú, dice que el presidente Morales no debería tomar la decisión de pagar “resarcimiento” alguno, pues “no puede disponer de los fondos asignados en el Presupuesto para pagar a grupos con intereses específicos. Todo se paga con los impuestos de los guatemaltecos”.
Thelma Cabrera, presidenciable del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) dice que algunos de sus partidarios han visto estos movimientos en la costa sur y que son los mismos ex PAC que movilizó el expresidente Otto Pérez Molina durante su campaña los que ahora se movilizan por el partido oficial FCN-Nación.
“Lógicamente es una politización de los fondos públicos, con los cuales están induciendo a que voten por el candidato del partido oficial”, indicó.
El candidato presidencial del partido Humanista, Edmond Mulet, cuestiona la procedencia del dinero para el pago de los expatrulleros y afirma que no hay acuerdo legal ni recursos presupuestados que justifiquen esos pagos.
“Hay que investigar esta malversación y que se deduzcan las responsabilidades penales por usar fondos públicos con fines electorales. Esas prácticas de la vieja política tienen que terminar”, expuso.
Es clientelista
El presidenciable de Compromiso Renovación y Orden (Creo), Julio Héctor Estrada, considera que esta acción se pueda catalogar como “malversación de fondos” y que, a la vez, no tiene ninguna base legal. “Es claramente clientelista y es un hecho desesperado para lograr votos para un partido oficial en plena debacle”, aseguró.
Amílcar Rivera, candidato presidencial del partido Victoria, coincidió con Estrada, en cuanto a que estos pagos son medidas desesperadas del partido FCN-Nación para lograr votos para su candidato Estuardo Galdámez y que la gente recibe el dinero, pero que no se dejará vender, “y lo que es más, van a votar en contra del partido oficial”.
Rivera calificó estos hechos como “clientelismo político desesperado y de última hora que se deberían revisar ya que evidencian anarquía y corrupción.
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