Brooks y Campbell se conocieron en 1990, cuando ambos trabajaban como monitores en unos campamentos de verano en el estado de Nueva York.
El crimen, sin embargo, ocurrió el 30 de diciembre de 1992: Brooks pasó la noche en la casa de Campbell en Homewood, Alabama y las alarmas se encendieron cuando la mujer no acudió al trabajo al día siguiente.
La Policía la encontró muerta debajo de su cama, estaba semidesnuda y muy golpeada.
Brooks fue arrestado días después en Columbus, Georgia, después de utilizar la tarjeta de crédito de Campbell para comprar cerveza y otros productos, también llevaba las llaves del vehículo de la víctima.
En el lugar del crimen, los investigadores hallaron huellas dactilares de Brooks y rastros de su semen.
Para impedir la ejecución, los abogados del preso habían presentado dos recursos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos argumentando que las inyecciones letales de Alabama no son legales y que la pena de muerte en ese estado es muy parecida a la de Florida, decretada inconstitucional hace algunos días, pero ambos fueron rechazados.
La inyección letal de Brooks fue la primera utilizada por Alabama con midazolam, un polémico sedante que en el 2014 falló en tres ocasiones pero cuyo uso autorizó el Supremo hace unos meses.
Brooks se convirtió así en el tercer preso ejecutado este año en Estados Unidos y en el mil 425 desde que el Tribunal Supremo reinstauró la pena de muerte en el país.
Alabama ha llevado a cabo 57 de esas ejecuciones.
El próximo miércoles, Texas planea ejecutar a un reo -James Freeman- condenado a muerte por asesinar en el 2007 a un guardabosques en el condado de Wharton, al suroeste de Houston.
