Además, el 25 del mes en curso, en las instalaciones de la Gobernación Departamental de Alta Verapaz se instalará un espacio de diálogo con el fin de darle continuidad a los compromisos de Estado suscritos con anterioridad ante la comunidad en mención.
Los líderes comunitarios exigen que el gobierno les pague Q125 millones de resarcimiento por los daños causados por la construcción de la hidroeléctrica.
Añadieron que con la construcción del proyecto perdieron sus terrenos para cultivar, lo que les ha causado subdesarrollo.
La protesta comenzó el lunes último, cuando los inconformes seguraron que tienen documentos que demuestran que son los dueños de parte del terreno que ocupa la hidroeléctrica, y que a causa de su edificación unas mil 330 personas viven en extrema pobreza, ya que perdieron sus recursos.
“Por el factor distancia he pedido apoyo e intervención de José López, gobernador de Alta Verapaz, para que facilite la instauración de una mesa de negociación con los manifestantes, y ver cómo podemos brindarles una respuesta a sus demandas”, manifestó el lunes pasado Alfredo Marroquín, gobernador de Quiché.
