El gobernante aseguró que se trata de cambios normales que se dan cada enero, y con mayor relevancia después de que asume una nueva administración.
“Fíjese que ahorita ustedes van a escuchar que va a haber cambios, pero que son normales todos los meses de enero, y máxime en un cambio de posesión. Entonces, esos cambios obedecen básicamente a la organización del Estado, del Gobierno y del Ejército”, manifestó.
Como jefe del EMDN fue juramentado Juan Manuel Pérez Ramírez. Otros relevos fueron los del viceministro de Marina, Byron René Hidalgo Cáceres, por Carlos Adolfo Thomas Ramírez, y el del inspector general del Ejército, Medardo Monterroso Suárez, por Alfredo Díaz Waight.
El portavoz de la institución castrense, Hugo Rodríguez, explicó que cuando un integrante del alto mando del Ejército, como el jefe del EMDN, es relevado, automáticamente causa baja de las filas militares.
En el caso de Sosa, se suspende la revisión interna que se hacía desde hace varios días para establecer si había incurrido en una falta.
Se había notado que algo estaba mal cuando en el saludo del Ejército a su nuevo comandante general, el 15 de enero último, el gran ausente fue Sosa, cuya acción de amparo causó revuelo dado que era un general en activo, sujeto a una cadena de mando.
Pide antejuicio
La abogada Thelma Inés Peláez Pinelo solicitó ayer, a título personal, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirar el derecho de antejuicio al ministro Mansilla Fernández, a quien señala de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, revelación de secretos y resoluciones violatorias la Constitución.
El memorial detalla que Mansilla Fernández pudo haber incurrido en acciones irregulares al entregar información militar con carácter de secreto al Ministerio Público (MP), la cual forma parte del proceso contra integrantes de la institución por abusos contra población civil no combatiente durante el conflicto armado, específicamente los hechos que se investigan en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), antigua Zona Militar 21.
La profesional asegura que los documentos con información castrense fueron entregados por Mansilla Fernández a la Fiscalía de Derechos Humanos sin la autorización de juez.
Gestión Penal asignó el expediente por sorteo al Juzgado Undécimo Penal, el cual no es competente para conocer la solicitud, según estipula la Ley en Materia de Antejuicio, por lo cual debe ser remitido a la CSJ.
El estudio del memorial podría tener tres resultados: rechazo por no cumplir con requisitos formales, rechazo por inconsistencia de hechos o señalamientos espurios y orden para que se investigue.
En el último de los casos se nombra a un juez pesquisidor, quien controla el expediente. Su función es emitir una recomendación sobre la pertinencia de retirar la inmunidad al funcionario señalado.
Informe
La ley señala que el pesquisidor tiene 60 días hábiles para preparar el informe, período en el cual se debe escuchar al demandante y al señalado.
Analistas consideran que el ministro de la Defensa no violentó normas, porque cumple otras.
El MP intenta determinar la responsabilidad de militares en situación de retiro por abusos contra civiles de comunidades de Alta Verapaz, cometidos entre 1981 y 1988 por las fuerzas castrenses en la referida base militar, ubicada en Cobán.
El caso se encuentra en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza suplente Claudette Domínguez. La funcionaria determinó que 11 militares deben enfrentar a la justicia por desapariciones forzadas y delitos contra deberes de humanidad. Además, decidió dar tres meses al MP para que investigue a otros tres, en favor de quienes se decretó falta de mérito.
Entre los procesados se encuentra Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor de la Defensa —hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García—, quien también estuvo de alta en la institución armada durante ese período.
