Por unanimidad, el Pleno de Magistrados de la #CSJ rechazó in límine la solicitud de antejuicio en contra del diputado Edgar Ovalle. 1/2
— Organismo Judicial (@OJGuatemala) January 28, 2016
Cerca de las 9 horas de ayer jueves, la CSJ publicó por su cuenta oficial de Twitter dos comentarios. En el primero se
informó que por unanimidad se decidió de manera in limine —sin conocer los argumentos— no dar trámite a la petición de la Fiscalía, y el segundo señalaba que el criterio de los magistrados se basó en que los señalamientos contra el funcionario son “espurios”.
El vocero del Organismo Judicial (OJ), Ángel Pineda, dijo que la base de la resolución fue la falta de certeza en los argumentos por los cuales se pidió retirar el antejuicio.
“La CSJ entra a conocer los hechos y hace un análisis de los señalamientos. Se determina que no hay elementos de razonabilidad suficientes para determinar que al denunciante le conste que el denunciado haya cometido los hechos que señala”, explicó Pineda.
Ve mal precedente
¿Quién es Édgar Ovalle?
Fundador del partido FCN-Nación e integrante de Avemilgua.
Consta en los registros del Ejército que Ovalle estuvo de servicio en la antigua Zona Militar 21, en 1983.
Integró el Estado Mayor de esa base militar.
Se desempeñó en la Sección de Operaciones (S3) y la Sección de Inteligencia (S2).
Es integrante de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala.
Fundó el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y es diputado en el Congreso. Jimmy Morales llegó al Ejecutivo con esa agrupación política.
La fundadora de Famdegua, Aura Elena Farfán, opina que la resolución de la CSJ representa un mal precedente para la justicia y promueve impunidad contra quienes tienen relación con las violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, hace 30 años.
Famdegua es querellante adhesivo en el caso denominado Creompaz, debido a que donde funcionaba la Zona Militar 21 se encuentra ahora el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (Creompaz).
“Nos sentimos preocupados. Da la impresión de que seguimos con la impunidad, y tenemos temor de que se tome esta resolución como un antecedente para futuras investigaciones”, señaló Farfán.
“Los magistrados deberían conocer todas la acciones del proceso. Las osamentas demuestran que hubo violencia”, dijo.
Crea suspicacias
De acuerdo con el fiscal de Derechos Humanos, Orlando López, es una contradicción que se declare improcedente el antejuicio, porque 11 militares ya enfrentan a la justicia por los mismos hechos y continúa la investigación contra otros tres. También expresó suspicacias por el hecho de que la CSJ cierre la posibilidad de investigar acciones delictivas que podrían vincular a un diputado que participó en el conflicto.
“Yo no comparto la resolución de la CSJ, pero la respeto. Todavía no hemos sido notificados del fallo, pero al momento de tener el documento vamos a determinar cuáles serán las acciones que tomaremos”, indicó López.
Aseguró que existen otros militares que enfrentan a la justicia por los mismos hechos.
“Es una contradicción que por el mismo caso haya dos resoluciones distintas”, criticó López, quien fue entrevistado por la vía telefónica.
Favorece a militares
El presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez-Ruiz Valdés, calificó el fallo como un hecho positivo y recordó que también existe la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo A, que declaró falta de mérito a tres militares, por falta de congruencia de los cargos en su contra por el caso Creompaz.
“Nuestro apoyo es a los oficiales que fueron capturados, porque consideramos que se trata de una persecución política, de una venganza”, subrayó el entrevistado.
Agregó que existe un interés por desprestigiar a los miembros de las fuerzas armadas. “Se debe destacar que es la Corte Suprema de Justicia la que en esta ocasión dice que no. Ya hay un fallo de un juzgado que beneficia a otros tres militares por el mismo caso”, recordó.
El abogado penalista Otto Paz explicó que la resolución de la CSJ puede ser impugnada mediante un amparo en la Corte de Constitucionalidad.
El caso
Las autoridades capturaron a 18 militares, el pasado 6 de enero. Ese mismo día la fiscal general, Thelma Aldana, informó en conferencia de prensa que se había solicitado retirar la inmunidad a Ovalle Maldonado, quien ya gozaba de los beneficios de un diputado, aunque no había asumido el cargo.
La petición se hizo para obtener la autorización para investigar al señalado por desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, por su posible vínculo con acciones contra pobladores de Alta Verapaz entre 1981 y 1988, según una pesquisa que el MP efectúa en la antigua Zona Militar 21, ubicada en Cobán.
Después del operativo se determinó que 14 de los capturados enfrentaban cargos por la desaparición de 503 civiles en la mencionada base militar y cuyas osamentas fueron localizadas en cementerios clandestinos descubiertos en esa sede.
Ovalle Maldonado es vinculado con esos hechos porque en 1983 estuvo de servicio en esa zona militar, como parte del Estado Mayor de la base, grupo conocido como Plana Mayor.
El resto de los detenidos son sindicados por la desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theissen, caso que se tramita por separado.
Denuncia
En el expediente analizado por el pleno de la CSJ consta que el caso se originó por una denuncia planteada por Eulalio Grave Ramírez, quien acudió a la Fiscalía para que se investigaran hechos violentos durante el conflicto armado, ocurridos en Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz, donde presumía que existía un cementerio clandestino.
La demanda señalaba que, entre 1980 y 1983, grupos militares cometieron abusos contra civiles, los cuales llegaron hasta la ejecución de estos. Posteriormente los cadáveres eran enterrados en fosas clandestinas.
También se indicaba que Ovalle Maldonado ocupaba un cargo de mando en esa zona militar y que, por lo tanto, habría tenido conocimiento de acciones de inteligencia y operaciones.
En el 2012 fueron condenados cinco paramilitares como responsables de la matanza en Plan de Sánchez. En la sentencia se ordenó continuar con la investigación de los hechos y personas que aparecían en la denuncia.
Según el abogado Francisco Vivar, de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), en el 2012 esa entidad denunció hechos de lesa humanidad cometidos en aquella base militar, por lo cual se emprendieron las excavaciones en busca de cementerios clandestinos.
Agregó que hay dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos Plan de Sánchez y Río Negro, del 2004 y 2012, respectivamente, en las cuales se condenó al Estado de Guatemala por no esclarecer los hechos, y en ambos existen declaraciones de testigos que indicaron que ingresaban personas a la Zona Militar Número 21 y que nunca salían.
“Si tomamos en cuenta que el MP tiene que abrir una investigación de oficio cuando se entera de un hecho delictivo, podríamos decir que existen cuatro frentes de los que se genera el caso”, manifestó Vivar.
Otros castrenses vinculados
Un grupo de 11 militares enfrenta actualmente a la justicia.
El Juzgado de Mayor Riesgo A ligó a proceso penal a 11 militares sindicados por violaciones a derechos humanos entre 1981 y 1988. Se les sindica de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad.
- Ismael Segura Abularach: Capitán primero e integró la Sección de Operaciones (S3)
- Byron Humberto Barrientos Díaz: Ocupó el cargo de capitán primero y estuvo asignado a la Sección de Inteligencia (S2).
- Manuel Benedicto Lucas García: Fue jefe del Estado Mayor General del Ejército. Hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García.
- Juan Ovalle Salazar: Integró la S3, según los registros del Ejército.
- César Ruiz Morales: Coronel de Infantería y estuvo en la S3.
- Otros implicados son Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes, Raúl Dehesa y César Augusto Cabrera.
- En libertad, por falta de mérito a los cargos, pero vinculados a investigación, están Carlos Rodríguez López, Pablo Saucedo Mérida y Édgar Rolando Hernández.
