La revelación de los sueldos y plazas en el Congreso viene a demostrar cómo es la realidad de la administración en manos de políticos. La realidad es que muchos de esos salarios para gente sin ninguna capacidad ni calificación, no van cien por ciento al empleado y buena parte se le da al que les consiguió la plaza.

La Ley de Régimen Interno del Congreso solamente permite que un diputado contrate a tres personas; sin embargo, algunos tenían 13 a su servicio con salarios que excedían por mucho lo presupuestado. Esto sencillamente se llama desfalco, robo o latrocinio, y cualquiera de esas palabras se ajusta a lo que estos políticos hicieron pasándose encima de la ley.

Está por verse cuáles serán las acciones que tome el Ministerio Público para ligar a proceso a los responsables de tales hechos. Esperamos que no quede todo como ha sido costumbre, en la indolencia. Entre los responsables hay quienes fueron reelectos, pero por sus acciones deberían ya estar siendo objeto de un proceso penal, pues violaron la ley y utilizaron fondos del Estado para favorecer personas y, por qué no decirlo, a ellos mismos. Creemos que aquellos que usaron fondos del Estado, pasando encima de la ley, deberían de ser obligados a retribuirlos y serán ellos los encargados de pagar las indemnizaciones de sus favorecidos. Esperamos que ya todos los supernumerarios estén despedidos

El expresidente del Congreso, Luis Rabbé, dio a entender que la revelación de los sueldos estaba poniendo en manos de los extorsionistas a los empleados. Ridículo, pues todos en Guatemala sabemos cuánto gana un diputado, un ministro y otros burócratas, y no hemos oído que los estén extorsionando. El diputado se dio el lujo de contratar a 52, sin ningún respaldo en su período como presidente del Legislativo.

Probablemente el caso del Congreso sea solo la punta del iceberg, y me imagino que muchas dependencias del Estado se encuentran en la misma situación; gente que recibe un sueldo por no llegar a trabajar, iletradas chicas con nombramientos de asesoras a cambio de favorcitos, testaferros que cubren el tema de las mordidas. Nos gustaría ver al nuevo ministro de Gobernación solicitando una auditoría a los gastos de la policía. Recién ayer platicaba con miembros de una patrulla y de nuevo me confirman que las botas y los uniformes, son ellos los que los tienen que comprar, pero en el rubro del presupuesto de Gobernación aparece que ya lo gastaron. Esto lo denuncié hace 10 años en una de mis columnas y la cosa sigue igual. De plano, son botas y pantalones que andan solos.

Y así, si vamos de ministerio en ministerio, de entidades descentralizas a secretarías, de dependencia en dependencia, vamos a ir encontrando casos como el del Congreso. Los políticos tiene en la boca que hay que pagar más impuestos, pero estos ¿a dónde van a parar?

Al paso que vamos seguiremos viendo que el presupuesto no alcanza, que estamos en déficit, que la deuda flotante aumenta y que hay que pedir más al sector productivo, mientras los funcionarios engordan sus billeteras y se dan lujos que una gente trabajadora no se puede dar. Lamentamos que después de los sucesos del año pasado, ya las aguas se calmaron y las investigaciones están detenidas, las aduanas siguen igual o peor, pues ahora cobran más caro porque corren mayor riesgo, según los tramitadores que están en el juego a diario.

Lógicamente los diputados que salieron se sienten tranquilos y los reelectos, más aún, gozando de su derecho de antejuicio. Ahora fingen demencia, que no sabían nada. ¿A quien culpar por las contrataciones? No culparán a nadie.