La idea fundamental, es alcanzar un equilibrio y mejores condiciones para el Estado y que no tenga impacto en las operaciones del movimiento de carga, cuando entre a operar la terminal privada, dijo Lainfiesta.
“Hay una recepción de los inversionistas para ampliar la certidumbre y hay disposición de hacer una renegociación de las condiciones actuales”, refirió.
En 2012 se otorgó el usufructo que concedió la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción de la nueva terminal.
El ex presidente Otto Pérez Molina, defendió la obra, en aquel entonces de inversionistas españoles.
El ex interventor Allan Marroquín dio el usufructo y los agentes económicos cuestionaron la poca transparencia.
Cada año la EPQ recibirá, por canon del usufructo del espacio terrestre, Q6.5 millones por 25 años.
La PGN recomendó anular el contrato en agosto de 2015.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) recomendó declarar nulo el contrato después de detectar varias anomalías, pero el expediente se encuentra en Presidencia y no ha avanzado desde hace seis meses, derivado de la situación política que vivió el país.
Escenarios
La PGN presentó la resolución del expediente en agosto del 2015 y en septiembre fue separado del cargo el presidente Otto Pérez Molina, quien fue quien avaló el proyecto en agosto de 2012.
El ex presidente Alejandro Maldonado Aguirre, no conoció el proceso.
Planteamiento
Lainfiesta expuso que entre los lineamientos a debatir, para no llegar a instancias de arbitraje, son establecer límites en el manejo de la carga que garanticen que EPQ mantenga el 30% del movimiento en contenedores.
Además renegociar la tasa de pago por el valor del manejo de los contenedores, que es el derecho que TCQ pagará a la portuaria.
También un mecanismo de administración mixto de la terminal para que el Estado perciba utilidades.
El directivo explicó que los trabajos de construcción del muelle principal, oficinas, instalación de grúas y bodegas, están programados para concluir en la última semana de febrero.
Arbitraje
Álex Franco, abogado especialista en arbitraje y comercio, expuso que es razonable la posición de la directiva de la EPQ, considerando los puntos de lesividad que la PGN ha determinado y que menoscaban los intereses del Estado.
“La renegociación es valida. Lo que debe de haber es mayor transparencia y que los acuerdos sean públicos”, añadió.
El experto indicó que se deben despejar las dudas, porque fue un proceso que otorgó el ex presidente Pérez Molina, por lo que existe una percepción negativa.
El Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, conoce una solicitud de deposito aduanero de TCQ. Sin embargo, no se ha dado el tramite por el expediente de la PGN.
El costo de la inversión de la terminal es de unos US$400 millones.
En 2015 el grupo APMTerminals adquirió el control del Grupo Marítim TCB y 11 terminales en el mundo, incluyendo TCQ.
