A través de ese proyecto se capacitará a los beneficiarios con habilidades “blandas”, por ejemplo, tecnología de información e inglés, entre otras. Además, a aquellas personas que retornen de EE. UU. se les extenderán certificaciones internacionales de los oficios que hayan aprendido durante su estancia en ese país.
Mientras que a todos los participantes se les enseñará a elaborar un currículum y cómo prepararse para una entrevista de trabajo.
El plan que ya capacita a 40 jóvenes en San Mateo, Quetzaltenango, es parte de la Estrategia Municipal de Reintegración de la OIM, que funciona con distintos programas de reintegración sostenible en 10 municipios con altas tasas de migración.
Estos son: Cuilco y Colotenango, en Huehuetenango; Comitancillo, Concepción Tutuapa y Tajumulco, de San Marcos; San Juan Ostuncalco, San Carlos Sija, en Quetzaltenango, así como la cabecera departamental. También Nebaj y Joyabaj, en Quiché.
Siete de estos 10 municipios están entre los 20 de donde originarios quienes han sido deportados de enero a abril de este año, según el Instituto Nacional de Migración.
Al hablar de la efectividad que podría tener el programa, el jefe de misión de al OIM para Guatemala, El Salvador y Honduras, Salvador Gutiérrez, explicó que esta dependerá de varios factores, como el tiempo que una persona vivió en EE. UU., las habilidades que adquirió, y el núcleo social y comunitario en donde viva, entre otros.
“La reintegración puede considerarse sostenible cuando una persona migrante retornada ha alcanzado la independencia económica, estabilidad social y salud psicosocial que le permita enfrentar las causas que le hicieron migrar”, afirmó Gutiérrez.
Acciones insuficientes
Mario René Santos, fundador de la Asociación de Retornados Guatemaltecos, considera que el plan es una “buena intención”, pero que es necesario actuar en muchas vertientes, entre estas, la creación de fuentes de trabajo y la eliminación del estigma que hay en contra de las personas retornadas, a quienes se les hace de menos porque traen un tatuaje, por ejemplo.
Santos expuso que mucho se hablado en foros y conversatorios sobre las necesidades de los migrantes que regresan de EE. UU., pero “no vemos productividad” y “lo que queremos son acciones” ya que solo se le dice a los deportados que no se retornen a ese país.
“También hay que ofrecerles algo —a los retornados— porque se les dice no te vayas, pero no qué se les va a dar. Para qué certificar —las capacidades que adquirieron los migrantes en EE. UU.— si no hay cómo conectarlas a un trabajo”, subrayó.
Añadió que junto con la Fundación Avina coordinan un proyecto de reinserción laboral que desde noviembre del año pasado ha conseguido empleo a unas 60 migrantes que fueron deportados; y, aunque suene poco “algo es algo” en comparación con el Gobierno que no lo ha hecho con ninguno.
No todos quieren
José Diego Cárdenas, oficial de Proyectos de la OIM, reconoció que por diversos motivos no todas las personas están dispuestas a integrarse a un plan para capacitarse y obtener un empleo en Guatemala.
Por ejemplo, lo lejano de la capital, donde se imparten las capacitaciones, de los municipios en el interior del país, también la necesidad de reunificación familiar y la falta de oportunidades de trabajo.
“Las condiciones de trabajo y acceso a servicios básicos no existen y si no tenemos un sistema educativo y de salud que llegue a las comunidades, la gente nunca va a querer quedarse, y eso es un motivo comprensible”, añadió.
Según expertos, la migración de guatemaltecos continuará si no se mejoran las condiciones socio económicas, en otras palabras, se generan fuentes de empleo y se lleva servicios básicos a las comunidades.
Las estadísticas oficiales del Banco de Guatemala dan cuenta cómo la economía se ha deteriorado en los últimos cinco años, tiempo en el cual se redujo la inversión extranjera directa, se desaceleró el crecimiento del PIB y disminuyó la inversión pública.
En contraparte las remesas han aumentado lo que demuestra que cada vez más gente se va a EE. UU. al mismo tiempo que, en los mismos cinco años, el precio de la Canasta Básica Vital aumentó un 39 por ciento.
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