En el devenir guatemalteco resulta poco afortunado cuando determinados sucesos de impacto público se quieren presentar con aspecto de fortuitos, sobre todo si se registran en concurrencia con circunstancias críticas y bajo explicaciones que pueden sonar verosímiles pero inoportunas, precisamente en un contexto generado por la oposición de ciertos sectores a la lucha contra la corrupción, el financiamiento electoral ilícito y otras prácticas. En otras palabras, bien lo expuso el genial matemático y filósofo alemán Guillermo Leibniz (1646-1716) al decir: “La que llamamos casualidad no es más que la ignorancia de las causas físicas”, y vaya que desde entonces han encontrado explicación muchísimos fenómenos, teoremas y asuntos que parecían irresolubles.

Valga esta introducción ontológica para señalar que resulta llamativa y por demás sospechosa la salida del jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, Óscar Schaad, que primero se anunció como unos días de permiso y luego como una licencia de dos meses solicitada por él mismo. Para mayor suspicacia, esto ocurre una semana antes de las elecciones generales, el evento cívico por excelencia, durante el cual se hace necesario verificar que no ocurran socorridas prácticas politiqueras como el acarreo de votantes, presiones o chantajes contra ciudadanos, mecanismos de condicionamiento o verificación de por quién se votó, pagos en efectivo, dádivas y cualquier tipo de propaganda; es decir, en un momento clave de su misión.

Lo más extraño es que Schaad no ha emitido declaración alguna a la fecha. Se desconoce si se trata de una prohibición de orden superior, pues al menos de viva voz bien podría aclarar los motivos por los cuales pidió permiso sin esperar a que transcurrieran los comicios. De hecho, casos de financiamiento ilícito que involucran al partido oficial ocurrieron precisamente el día de las votaciones en 2015, un antecedente que no se puede obviar ni menospreciar.

Si existe algún tipo de amenaza contra la integridad del fiscal, debería hacerse pública. La más reciente pesquisa de esta oficina era acerca de las advertencias de boicotear las elecciones proferidas por cabecillas del movimiento de supuestos exmilitares para exigir un pago de Q85 mil. Después atenuaron el amago y dijeron que se dedicarían supuestamente a vigilar los comicios, una acción igualmente ilegal si no está avalada por el Tribunal Supremo Electoral, que rechazó todo tipo de asedio sobre los electores. En todo caso resultaba necesario actuar con prontitud sobre la amenaza inicial, registrada en video por medios de comunicación, dado que constituye un nefasto precedente.

La fiscal general podría haber emitido ya una declaración sobre la salida de un fiscal tan estratégico y las razones por las cuales otorgó el permiso, pues ella misma lo ha descrito como un profesional íntegro y un dedicado estudioso del Derecho.

Ciertamente, las personas no son las instituciones y el fiscal José Curruchiche queda a cargo de verificar la comisión de cualquier delito electoral durante la jornada de votaciones, así como de emprender la persecución penal contra quien resulte responsable como ejecutor, instigador o patrocinador. No obstante, él mismo declaró su extrañeza por la repentina licencia de su jefe inmediato, lo cual trae a colación la sabiduría de aquel decir popular: “No hay que hacer cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas”.