La clara intervención de países, organizaciones de derechos humanos, oenegés de diferentes partes y activistas de izquierda, en la selección de candidatos a integrar la Corte de Constitucionalidad (CC), para llevar a nuevos magistrados que sean de una tendencia ideológica que vaya en contra de las libertades individuales, anticastrense y, por supuesto, que vaya acorde a los intereses de grupos como Semilla, es notoria en todos los ambientes, lo que verdaderamente desvirtúa la característica principal de un magistrado, que debe ser la imparcialidad al aplicar la ley, aparte de otras cualidades que deben ser la probidad y la ecuanimidad en sus fallos.

El Colectivo Guatemala República denunció el jueves la injerencia de diplomáticos extranjeros en la elección de los magistrados de la CC, la máxima instancia jurídica del país. En una conferencia de prensa, integrantes de este grupo pidieron a las instituciones que tienen a su cargo la elección de los nuevos magistrados que “respeten” la Constitución y los requisitos allí establecidos, y las exhortó a actuar con “transparencia” en sus decisiones.

La directora de la Asociación para el Desarrollo de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ADLS), Carolina Castellanos, solicitó además a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que cumpla con su mandato y que “no dedique tiempo y recursos” al proceso de elección de magistrados, porque eso “no es función de ellos”. Según explicó, diversos artículos de la Carta Magna establecen las condiciones necesarias que deben poseer los magistrados para ser electos, y agregó que es necesario no tener en cuenta “cualquier distracción, injerencia o presión”, porque la CC tiene “mucho poder” y decide el futuro del país. Ante esta situación, exhortó a las instancias que eligen a los candidatos a magistrados que cumplan con “los requisitos condicionales” y dejar a un lado “sesgos ideológicos”.

Por otro lado, se promueve una ley para desintegrar el Consejo del Ministerio Público, y que además al fiscal general no lo pueda remover el presidente de la República. Se le estaría dando a quien desempeñe el cargo de fiscal general un cheque en blanco, con el que podría abusar de su cargo sin que haya consecuencias, como sí las tiene cualquier otro funcionario. En ningún lugar del mundo un fiscal general goza de poder absoluto. Lógicamente esto será sí y solo sí el fiscal es escogido entre los de la corriente Paz y Paz

Recuerde: el poder corrompe, y el poder absoluto, corrompe absolutamente.

Cuando vemos cómo se trastoca la justicia en el juicio de Sepur Zarco, donde se acepta el testimonio de un individuo que dice haber visto una lista en la que apareció el nombre de su padre desaparecido y después reconoce que no sabe leer ni habla español.

Cuando la jueza interrumpe los interrogatorios de la defensa, pues puede haber respuestas que no sean de su gusto… ¿De qué imparcialidad y ecuanimidad se puede hablar? Aquí ya sabemos que caer en manos de esa jueza, si no somos de su línea, seremos condenados; y si la última instancia, que es la CC, está tomada por sus compinches, al bote. El público en el juicio está plagado de personalidades, embajadores, miembros de Cicig y representantes de la sopa de letras de oenegeros que están detrás de los resarcimientos y de quienes les hacen el juego para recibir parte de la tajada.

La Corte Suprema hace una convocatoria para los candidatos a la CC, en la que en el encabezado reconocen que los requisitos solicitados no están en la ley. Si la CSJ viola le ley, a dónde iremos a parar. ¡A una justicia injusta!