En la primera jornada efectuada en el Juzgado de Mayor Riego B estuvieron presentes 16 de los 17 señalados, y el órgano investigador presentó 74 de 150 escuchas en las que muestra cómo Giovanni Marroquín —implicado también en el caso La Línea— coordinó la estructura junto a trabajadores de la Superintendencia para favorecer a la empresa Aceros de Guatemala.
Marroquín se mantenía en contacto con Alfonso Castillo Castro, director de Intendencia Jurídica, para modificar los informes de revisión sobre el cumplimiento de Aceros de Guatemala, con lo cual buscaban exculparla de tres querellas que tenía en su contra por defraudación tributaria.
Marroquín se comunicaba con Ariel Guerra, intendente de Fiscalización —alias Chiquito—, y también con el abogado Rigoberto Chacaj.
En clave
En las escuchas se hace referencia a la investigación que “la dos letras” —en referencia al MP— hacía por el caso de defraudación y los informes que debían presentar en la zona 1.
Castillo informó a Marroquín que recibió el informe sobre la empresa por parte de Guerra, pero dijo que estaba mal, porque se contradice.
En los documentos hay un párrafo que responsabiliza a “hierro” —se refiere a Aceros de Guatemala—. Marroquín Navas llamaba constantemente a una mujer, a quien le contó su preocupación de que los auditores de Guerra no redactan los informes como ellos los necesitan.
En un audio, Marroquín hace referencia al “número uno”, e indica que alguien más ya le escribió al “uno” para comentarle el tema; sin embargo, la Fiscalía señaló que aún no se puede determinar si se refieren al entonces presidente Otto Pérez Molina.
