Tenían que pasar varias décadas para que las comunidades fueran alertadas por los grupos de las fuerzas armadas que participaron en el conflicto armado, con la asesoría de oportunistas de diferentes países, incluidos algunos que en los momentos en que se discutían las condiciones para el cese al fuego se hacían llamar “Países amigos”.

Hoy el Estado de Guatemala estará comprometido a pagar cientos de millones en resarcimientos por supuestas violaciones a los derechos humanos que se dieron de parte del Ejército de Guatemala en defensa de la República. Esos países que fueron testigos y refrendaron todos los acuerdos, hoy se voltean y apoyan a todo lo que sea en contra de la reconciliación nacional, y es que las fuerzas de la izquierda, que siguen dolidas por sus derrotas en el campo militar y más aún en todos los procesos electorales donde son derrotadas estrepitosamente, han encontrado en el dinero de los resarcimientos su posible fuente de financiamiento, ya sea para campañas electorales o volverse a armar, como ya lo está haciendo con toda impunidad un grupo en el oriente del país, liderado por un comandante que fue defenestrado de las FAR.

Durante el gobierno de Álvaro Arzú se nombra a Eduardo Stein, miembro de la Orpa, como canciller, quien después fuera el vicepresidente de Óscar Berger. Este de inmediato crea cargo para la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, como “Embajadora de la Paz”, condueña de una cadena de farmacias de medicina genérica, la cual fracasó. Ante su fallido y efímero paso por el mundo empresarial, regresa a los caminos que antes había conocido y escoge la senda más lucrativa, que es la de la victimización. Allí permanece, tratando en dos ocasiones de alcanzar la presidencia, en el año 2007 y 2011, y fracasa.

Menchú y Stein logran que el indefinido e influenciable presidente acepte sus sugerencias y así el plan de reducción del Ejercito de Berger dejó satisfechas a las organizaciones civiles de izquierda, por supuesto, y a las organizaciones internacionales.

Durante el gobierno de Álvaro Colom se entronizaron la injusticia y las turbas homicidas. El triunfalismo de la antigua subversión se acentuó y el actuar para detener los desmanes en el área rural fue prácticamente nulo, lo que llega a crear una conflictividad social que ha venido en incremento.

Actualmente los cañones apuntan al Ejército, pero pronto se enfilarán en contra del sector privado, con la ayuda de la cooperación internacional, los millones de los resarcimientos, el apoyo mediático y diplomático que descaradamente viola la Convención de Viena, y nuestros cancilleres, uno tras otro, han sido complacientes con personajes que en cualquier país del mundo con dignidad hubieran sido declarados non gratos.

Vemos con tremenda preocupación la relativización de la ley y la parcialidad de los juzgadores, más aún de quienes los fiscalizan. El 28 de enero era la fecha para cumplir, según orden de juez, el desalojo de los terrenos invadidos en el área del Polochic. Dicho desalojo no se llevó a cabo, con lo que tanto el ministro de Gobernación como el director de la Policía Nacional Civil entraron en desacato, delito que amerita su destitución y las consecuencias penales de su actuar, pero allí no vemos a los entes guardianes de la ley entrar a investigar y actuar como ordena el Código Penal para tales casos.

Los países financieros de los que causan las masacres y asesinatos como en Los Pajoques, Barillas y Polochic deberían resarcir a los deudos que dejaron sus protegidos, ya que fue con sus fondos.

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