El proyecto minero es Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua), se ubica La Puya, San José del Golfo, donde se han instalado cientos de pobladores, especialmente mujeres que hacen resistencia pacífica y que han enfrentado desalojos por parte de la fuerza pública.
La resolución de la Corte Suprema, notificada el lunes, responde a un amparo solicitado por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas), que argumentó que cuando se otorgó la licencia minera en septiembre de 2011, no se realizó una consulta a la población indígena del lugar para establecer si estaban de acuerdo o no con las operaciones de la mina, algo que obliga la ley.
“Para el efecto, la Unidad de Asesoría Jurídica del MEM realiza el análisis de los aspectos jurídicos expuestos en la resolución”, indica la cartera en un comunicado donde afirma que “se rige por leyes y normas aplicables al caso concreto, para determinar lo procedente”.
Urgen cambio
Representantes de varios sectores concuerdan en que la Ley de Minería, vigente en el país desde hace 18 años, ya no responde a las necesidades y condiciones actuales, por lo que están de acuerdo en una reforma que supere las falencias que la actual presenta.
Juan Ramón Lau, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, afirmó que la Ley de Minería “es obsoleta a las necesidades y las condiciones naturales del país”.
El legislador indicó que para él será prioridad trabajar en una iniciativa para reformar esa ley.
Posturas
Óscar Emilio Castillo, presidente de la Cámara de Industria, afirmó que para ellos la minería es “sumamente importante”, pues ayuda a generar empleo.
“Hay que tener cuidado con qué es lo que se va a dictaminar. Nosotros apoyamos la minería que se hace bien y con todos los estándares”, afirmó el empresario.
Agregó que estarían dispuestos a reunirse con los legisladores para exponer su punto de vista y aportar para la creación de una iniciativa.
Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), indicó que debería ser prioridad reformar la Ley de Minería, pero debido a que está desactualizada, lo mejor sería crear una nueva, en la que se haga énfasis en temas centrales.
El activista señaló que los puntos claves que deben discutirse en la ley es reconocer los derechos de consulta de los pueblos originarios, controles ambientales para evitar impactos negativos en la naturaleza, prohibir cualquier tipo de exoneración tributaria y discutir el aumento a las regalías.
Magaly Arrecis, del Área Socioambiental del Instituto de Problemas de la Universidad de San Carlos, puntualizó que ese es un tema crítico y que “no se visualiza una agenda ambiental impulsada desde el Ejecutivo”.
“Faltaría ver si el Legislativo también apoya la iniciativa. Será complicado, debido a los intereses que puede haber de por medio. Habrá una serie de objeciones por parte de la sociedad campesina e indígena que se sienta afectada”, agregó la experta.
Se intentó obtener la versión del presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, Mario Orellana, pero no respondió a las llamadas a su teléfono celular.
Impulsar iniciativa
Los expertos reconocieron que actualmente la extracción de recursos naturales crea conflictividad en muchos lugares.
Lau comentó que sería bueno impulsar una moratoria antes de dictaminar y reformar la normativa. Agregó que el próximo miércoles invitará a los distintos sectores a discutirla.
Se buscó la opinión del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Sección de Comunicación Social, pero no fue posible obtener respuesta.
