La fiscalía precisó que Santiago Uribe Vélez fue cobijado con una medida de detención preventiva por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y concierto para delinquir, como se conoce técnicamente al pacto entre dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes.
El caso se basa, principalmente, en testimonios entre los que se encuentra el de Juan Carlos Meneses, un mayor retirado de la policía colombiana quien en mayo del 2010, ante el Nobel de Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, acusó a Santiago Uribe Vélez de haber impulsado en ese poblado un grupo de “limpieza social” conocido como “los 12 Apóstoles” .
El hermano del ex presidente, que fue arrestado el lunes en Medellín, siempre ha alegado su inocencia y ha dicho ser víctima de un complot por ser hermano del ex presidente, cuyo período presidencial comprende desde el 2002 al 2010.
“Los testigos son falsos son un par de mitómanos”, ha dicho en varias oportunidades Jaime Granados, abogado de Santiago Uribe Vélez en relación con las personas que sindican a su cliente.
Santiago Uribe Vélez supuestamente promovió la formación de un grupo de sicarios desde su finca “La Carolina”, en el poblado de Yarumal, a 300 kilómetros al noroeste de Bogotá.
Según la Fiscalía, entre las víctimas de ese escuadrón de la muerte habría estado, hace 21 años, un conductor de autobús llamado Camilo Barrientos Durán.
En concepto de los fiscales del caso, el homicidio de Barrientos “se presentó porque varios miembros de la Policía tendrían en la época del crimen una lista de personas susceptibles de ser asesinadas”, según había informado la fiscalía en el pasado.
Para los investigadores, Meneses habría participado en ese homicidio junto con otros miembros de la Policía y que, de acuerdo con la misma declaración del mencionado ex policía, contó con la colaboración de Santiago Uribe Vélez.
Meneses y el agente Alexander de Jesús Amaya, según había informado la Fiscalía, recibieron a Barrientos y a otros ciudadanos en el comando de la Policía y les aseguraron que los protegerían. Sin embargo, después ellos mismos, los habrían asesinado, según la fiscalía.
“El crimen de Barrientos hizo parte de la estrategia establecida por un grupo de personas, conocidas posteriormente en el mundo del crimen como los 12 Apóstoles’, que emplearon sus influencias para que la Policía les colaborara en la campaña de eliminar a varios ciudadanos a los que consideraban miembros de la guerrilla”, había informado la Fiscalía en el pasado.
Meneses dice que Santiago Uribe Vélez le pidió que colaborara con un grupo paramilitar que él tenía en la zona y que se dedicaba a asesinar a atracadores, consumidores de drogas y cuatreros, a cambio de un pago mensual de entre US$600 y US$750.
“Yo lo único que hacía era colaborarle al grupo y a Santiago, pero yo nunca participé (en el crimen de Barrientos)”, dijo Meneses porque su función “era colaborarles” al dejar operar a los paramilitares y sin actuar en contra de ellos.
También dijo que el escuadrón de la muerte fue conocido con el nombre de “los 12 Apóstoles” y al que se sindica de la comisión de más de 50 asesinatos y que no conoció al ex presidente Uribe ni tenía información que lo comprometiera con el caso de su hermano. También entonces informó que solicitó el retiro voluntario de la Policía.
Meneses dijo que supo de las actividades ilegales de Santiago Uribe Vélez porque él mismo recibió pagos mensuales para ser permisivo con el accionar de este grupo armado ilegal, dijo el 24 de mayo del 2010.
Aún se desconoce el sitio de reclusión que le será asignado al hermano del presidente, un reconocido ganadero y experto en la cría de toros de lidia.
El exjefe de Estado aún no se ha pronunciado sobre la detención de su hermano de 58 años.
Según Meneses en 1994 llegó como comandante de la policía a Yarumal y conoció a Santiago Uribe Vélez, quien era uno de los copropietarios de una hacienda.
Meneses se entregó a la justicia colombiana en enero del 2014.
El exmandatario siempre ha defendido a su hermano y en el pasado sostuvo enfrentamientos públicos con el fiscal general, Eduardo Montealegre, quien había sugerido en los medios de comunicación el arresto de Santiago Uribe.
