Ante esta situación, el pronunciamiento de la CIG dice textualmente:
ANTE LA AMENAZA A LA CERTEZA JURÍDICA DE GUATEMALA
COMUNICA:
1. Por medio de una resolución en contra de las garantías individuales, la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender la solicitud de otorgamiento de la licencia de explotación minera a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A., Proyecto Progreso VII Derivada”, San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. Vale la pena hacer ver que dicha resolución no está firme ya que se encuentra en proceso de apelación.
2. En correcta posición jurídica, el Ministerio de Energía y Minas ha comunicado que no puede suspender la licencia otorgada porque el acto de solicitud de otorgamiento, en su momento, nunca fue impugnado por ninguna persona.
3. La licencia fue otorgada el 30 de septiembre del año 2011, habiendo cumplido todos los requisitos legales y, durante el tiempo de oposición pública, nadie se opuso. Por lo tanto, es ilegal ordenar la suspensión de actividades que tienen una resolución firme desde hace 4 años.
4. El 29 de agosto del 2014 una ONG privada, ejerciendo presión por medio de medidas de hecho, pretendió suspender la licencia, violando todas las garantías jurídicas de los derechos ya adquiridos
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO:
1. Solicita a la Corte de Constitucionalidad resolver prontamente el recurso de apelación del amparo provisional, de un acto que ya prescribió, reiterando que la solicitud de otorgamiento de la licencia ya tiene más de 4 años de estar firme
2. Respalda a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, especialmente al Señor Ministro, por la correcta aplicación de una resolución así como el apego a la ley.
3. Instamos a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas a no ceder a las medidas de hecho de manifestantes que violan la libre locomoción y el acceso de los funcionarios a su lugar de trabajo
