La acción intentada por el Colegio de Abogados fue aprobada por 26 de los 27 directorios de ese organismo en el país y, además de esa misma acusación, incluye sospechas de que Rousseff intentó obstruir a la justicia en las investigaciones sobre el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras.
Ese último punto fue reforzado con el nombramiento, por ahora suspendido por el Tribunal Supremo, del antecesor y padrino político de la mandataria, Luiz Inácio Lula da Silva, como ministro de la Presidencia, pese a que responde en dos causas por supuesta corrupción.
La Orden de Abogados sostiene que Rousseff, al designar a Lula para un cargo en su gabinete, intentó darle largas a los procesos en su contra al ofrecerle los fueros privilegiados que protegen a todo ministro.
También introduce otros elementos, como las exenciones fiscales que el Gobierno le otorgó a la FIFA para la celebración del Mundial de fútbol del 2014, que según la Orden de Abogados constituyeron un “delito de responsabilidad” al no contemplar medidas compensatorias para regiones del país que renunciaron a impuestos.
La presentación del nuevo pedido de juicio parlamentario contra la mandataria ocurrió en medio de protestas de grupos de abogados y activistas que apoyan a Rousseff y que abuchearon a los integrantes de la Orden tanto a las puertas del Congreso como en el interior.
Los partidarios de Rousseff gritaban “no habrá golpe” , una frase que se ha convertido en un himno en todas las manifestaciones de apoyo a la mandataria, que ha rechazado las acusaciones en su contra y las ha denunciado como un intento de “derrocar” a su Gobierno.
El presidente de la Orden de Abogados, Claudio Lamachia, lamentó los incidentes y aseguró que el documento presentado por ese órgano colegiado “no tiene colores partidarios” y se apoya “solamente en un examen técnico y jurídico de las claras irregularidades” en las que sostuvo que ha incurrido la mandataria.
El jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien responde a un proceso por corrupción ante la Corte Suprema, deberá decidir si acepta este pedido para otro juicio contra Rousseff y, en ese caso, iniciar un nuevo proceso, paralelo al que ya tramita en ese órgano legislativo.
El actual trámite está en manos de una comisión de 65 diputados, que decidirá si las maniobras para maquillar los balances fiscales del Gobierno suponen un “delito de responsabilidad”, que es una de las causas que la Constitución prevé para la destitución de un jefe de Estado.
- En INFOGRAFÍA: “La gestión de Dilma Rousseff”.
Esa comisión elaborará un informe que será votado en el pleno de la Cámara Baja y, en caso de que sea aprobado por una mayoría de dos tercios de los 513 diputados, será remitido al Senado, que decidirá por mayoría simple si abre el juicio político contra Rousseff.
En ese último caso, la mandataria debería separarse del cargo hasta que concluya el proceso, que tendrá un plazo de 180 días.
En ese período sería sustituida por su vicepresidente, Michel Temer, quien completaría el mandato que concluye el 1 de enero del 2019 si se llegase a la destitución.
En las últimas semanas, Temer se ha mantenido totalmente distante de la presidenta, no fue visto en actos públicos y eso en momentos en que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que él lidera, debate su posible salida de la coalición de Gobierno.
Según informó el PMDB, esa decisión puede ser tomada mañana mismo, en una reunión que celebrará la dirección nacional de esa formación, encabezada por Temer.
