Carlos Gómez fue sentenciado a comprar cinco cuerdas de terreno a nombre de la niña abusada, construir una casa de adobe de dos ambientes para que viva la futura mamá y el hijo producto de la violación, depositar mensualmente Q800 a modo de pensión alimenticia, recibir públicamente 20 Xicayes (azotes con ramas de árbol de durazno o membrillo) y vivir en el destierro.
María Lucas, de la alcaldía indígena, indicó que el destierro definitivo significa que Gómez López deberá vivir por el resto de su vida en cualquier municipio, pero lejos de parajes, caseríos, aldeas o el casco urbano de Santa Cruz del Quiché, ya que si es visto de nuevo, será juzgado de nuevo y se le aplicarán más Xicayes.
El alcalde indígena, Juan Zapeta López, dijo que por mayoría la asamblea decidió que el caso de la niña violada sexualmente fuera resuelto por ellos como autoridades ancestrales y no en tribunales de justicia correspondientes.
“Las sanciones impuestas a Carlos Gómez López son justas por lo grave del hecho que cometió al violar y embarazar a la hija de su actual conviviente. La mamá de la niña afectada nos relató que ella prefirió que su pareja fuera juzgado por nosotros porque de esa manera se aseguraba la manutención para el bebé cuando nazca”, dijo Zapeta.
El líder indígena afirmó que para corroborar que el castigado cumpla con lo establecido por la asamblea, en el acta redactada se establece un cronograma para que Gómez López cumpla con las sanciones que recibió y ellos van a monitorear que él cumpla.
“Las autoridades ancestrales y los miembros de la asamblea que participó en este caso, permaneceremos vigilantes para asegurarnos que el señor Carlos Gómez cumpla con los castigos que le fueron impuestos”, concluyó Zapeta López.
