Dirigentes de organizaciones sociales coincidieron en que el señalamiento es grave, porque la denuncia es contra funcionarios en ejercicio, en este caso, legisladores, lo cual está tipificado en la ley.
Exigen castigo
De acuerdo con Carlos Guárquez Ajiquichi, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas, el racismo continúa incrustado en el Estado en el siglo XXI, lo que debería considerarse vergonzoso.
“El Estado de Guatemala aún es racista hacia los pueblos indígenas y existen muchos casos. Lo de la gobernadora es una muestra, y qué más puede pasar en otros niveles”, expresó Guárquez.
Asimismo, criticó que por este caso sean funcionarios públicos los que estén señalados. “La actitud de congresistas en esta situación es una muestra. También ha pasado en alcaldías municipales, por lo que hemos tratado de motivar en los municipios para generar un desarrollo con identidad, significa que incluyan la pertinencia cultural y lingüística”, dijo Guárquez.
“En Guatemala esto ya no debe pasar”, finalizó.
Extralimitación
Los diputados, con el rango y carácter que tienen de funcionarios públicos, se extralimitan cuando no cumplen con sus funciones o irrespetan a otra persona.
“Todo tiene un protocolo y un mecanismo, que si bien es cierto los diputados tienen la obligación y el deber de monitorear a los funcionarios, deben tratarlos con respeto, como personas, y con el rango que tienen de funcionarios”, afirmó Giovana Lemus, coordinadora del Grupo Guatemalteco de Mujeres.
La activista dijo que es importante que la gobernadora haya puesto la denuncia y que se hagan las investigaciones para garantizar un debido proceso hasta el final.
Lemus agregó que podría haber otros delitos, por lo que la investigación debe emprenderse, para sentar un precedente.
“Teniendo una función pública que les da la Constitución y se les delega, los parlamentarios no pueden hacer más que lo que el marco de la ley les permite”, añadió.
Waleska Urban, presidenta de la Fundación Vamos Mujeres por Guatemala, expresó que a la gobernadora se le debe apoyar y no tolerar ningún tipo de discriminación contra las mujeres, principalmente en un congreso “que no ha sido bien visto” y un gobierno “que ha dicho que se caracteriza por una gestión correcta”.
“Esos diputados —en referencia a los denunciados— han llegado de otras bancadas, son mal vistos por la sociedad, y el diputado Juan Manuel Giordano —ex liderista— no va a traer ningún beneficio para la población de su departamento, y menos para las mujeres”, afirmó Urban.
Sesiones son públicas
El legislador Amílcar Pop, integrante de la sala de Pueblos Indígenas, indicó que primero debe encontrarse la verdad, y que por eso estuvo de acuerdo con integrar una comisión para defender una institucionalidad “tan desgastada” del Estado.
“Todas las sesiones deben ser públicas y abiertas. Una reunión a puerta cerrada conlleva posibilidad de ilegalidad, coacción o abuso de autoridad. Los funcionarios tienen el derecho de defenderse y no podemos permitir ese tipo de coacciones”, añadió el diputado.
El jefe de la bancada de FCN-Nación, Javier Hernández, indicó que han apoyado que se presenten las denuncias de cualquier acto de corrupción, tanto de funcionarios públicos como personas particulares, pero no quiso opinar respecto de la acusación de la gobernadora en contra de diputados oficialistas.
“No puedo pronunciarme, puesto que habrá una investigación del Ministerio Público y esperaré a que termine, y con mucho gusto apoyaremos en cualquier cosa que nos requieran”, afirmó Hernández.
La noticia de la denuncia interpuesta por la gobernadora Ventura generó cientos de comentarios en contra del racismo, en las redes sociales de Prensa Libre.
Con información de Por G. Contreras, G. Muñoz y H. Pocasangre
